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En enero se registró un aumento en contratos suscritos por medio de esta modalidad, en comparación con 2017.

El más reciente informe de la Auditoría General de la República revela un nuevo desborde de la contratación directa en el país. 

Según el reporte, en enero un total de 127.643 contratos fueron suscritos por medio de esta modalidad, lo que representa un aumento del 143,43%, con respecto al mismo mes del año anterior cuando se suscribió un total de 52.435 contratos. 

Para el organismo de vigilancia, "se destaca también el monto de recursos contratados el cual asciende a $3,31 billones, 101,33% más que en 2017 ($1,64 billones)".

Entre los municipios que más contrataron mediante la modalidad de contratación directa durante el primer mes del 2018 se encuentran: Medellín con 8.928 contratos por valor de $554.688,86 millones, seguido por Cali con 4.816 contratos, por $240.432,48 millones. 

También está Cartagena con 6.819 contratos por valor de $206.651,25 millones y Barranquilla con 3.548 contratos, por $117.519,37 millones, entre otras.

Garantías 

Según la Auditoría, "en el transcurso de los cuatro días previos a la entrada en vigencia de la Ley de garantías las entidades territoriales suscribieron por contratación directa un total de 43.734 contratos por valor de $1,39 billones, correspondientes al 41.87% del monto total contratado en esta modalidad en enero de 2018". 

De las distintas regiones que conforman el territorio nacional, el Eje Cafetero es la que más recursos comprometió en el mes de enero de 2018 a través de la contratación directa, con $1 billón (30.38% del total de contratación en las regiones) con 30.539 contratos, seguida por la región centro oriente en donde se suscribieron 33.080 contratos por valor de  $710.407,00 millones.

"Este vertiginoso proceso de contratación que llevaron a cabo las entidades territoriales en tiempo récord para cumplir la Ley de garantías y al mismo tiempo con los programas y proyectos consagrados en los planes de desarrollo regionales, ponen en evidencia lo siguiente", señaló el auditor Carlos Hernán Rodríguez Becerra. 

Según Becerra, la Ley de garantías, "genera riesgos innecesarios a los gobernantes territoriales, dado que con la premura del tiempo pueden cometer errores en las etapas de planeación contractual que afectan la gestión pública de estas entidades".

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