Trabajadores de empresa que fabrica buses en Colombia renuncian por solidaridad

Tras 55 años de experiencia y reconocimiento  a nivel nacional e internacional, los 130 empleados de AGA, la empresa fabricante de buses más grande el país, renunció masivamente dada la difícil situación económica que atraviesa la empresa, que despacha desde Duitama.

Ante el desalentador panorama y luego de conocerse hace algunos meses el Decreto mediante el cual se eximía de IVA a la importación de buses, lo que ha generado la crisis económica del sector a nivel nacional, por lo que los empleados tomaron la decisión de manera voluntaria.

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Armando Gutiérrez, gerente y fundador de la empresa indicó que por ahora como él lo ha llamado, “la fábrica queda en coma inducido”.

“Se presentó la renuncia masiva voluntaria, tras el modelo de desarrollo empresarial que tenemos, por lo que nos vimos en la necesidad de suspender las labores hasta nueva orden”, informó el gerente.

Gutiérrez insistió en la necesidad de hacer claridad en la exención del IVA ya que no considera justo que a las fábricas nacionales no los cobijen.

“Vemos una cadena de malas decisiones como es el Decreto donde se exonera a los importadores que sumado a la crisis de la pandemia no nos deja otra alternativa”, dijo Gutiérrez.

Mensualmente, se fabrican 10 buses de los cuales se debe pagar cerca de 45 millones de pesos por cada uno, lo que significa que con la ley de exención del IVA a los extranjeros se les da ventaja sobre los nacionales.

La reactivación de la empresa de carrocería y autobuses AGA dependerá entonces de las garantías que  se den a los industriales locales.

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“Al poner en coma inducido la empresa corremos el riesgo de que sobreviva o muera. Estamos atentos para  que el momento en que se den las condiciones podamos reiniciar”, finalizó el fundador de carrocerías AGA.

Por su parte, Mario Medina, coordinador de la célula de innovación de la empresa, señaló que la renuncia masiva se relaciona además con los inconvenientes que tenían los clientes teniendo en cuenta la imposibilidad de matricular los vehículos, así como la falta de aprobación del leasing por parte de los bancos a las empresas o personas, que desean adquirir un bus ante la falta de garantías generadas por la pandemia.