Un tercio de la reforma tributaria se destinará al SOAT y a la salud

En su visita a Manizales, para participar de una audiencia pública citada por el Congreso de la República, la ministra de Salud, Carolina Corcho, insistió en que un tercio de los 20 billones de pesos que recaudará la reforma tributaria en 2023 será para apalancar la reforma al sistema de salud.

La ministra Corcho explicó que dependerá de que el Congreso vote positivamente una adición, pues el presupuesto del Ministerio de Salud se aprobó antes de que el Congreso avalara a la reforma tributaria.

“El próximo año el Congreso de La República, va a votar una adición presupuestal, se definió el presupuesto general de la nación, pero este se definió previo a la reforma tributaria. La reforma tributaria nos da un recaudo de 20 billones de pesos, les quiero informar que en esa adición presupuestal, la tercera parte de eso que da la reforma tributaria se va para salud”, explicó la ministra de Salud.

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Con la reforma tributaria, el recurso destinado a la salud estaría orientado a cubrir el aumento de La Unidad de Pago por Captación (UPC), es decir el dinero que el estado les reconoce a las EPS por cada usuario y los recursos que deje de percibir la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) por la reducción del SOAT al 50%.

Adicionalmente, los recursos se destinarían para cubrir los presupuestos máximos, que es el dinero que el estado le gira a las EPS para que cubran los planes de beneficios en salud que requieren sus afiliados.

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La ministra Carolina Corcho insistió que la reforma a la salud es necesaria para dejar de administrar la crisis que dejan por ejemplo las deudas de las EPS con hospitales y clínicas que ronda los 50 billones de pesos y también para eliminar la intermediación financiera y administrativas de las EPS que está propiciando este hueco fiscal.

“No podemos hacer un acuerdo de punto final, que se vuelva un acuerdo de punto suspensivos. El país no se puede permitir que esto llegue a los 60 o 70 billones de pesos, eso es inaceptable para un estado social de derecho”, puntualizó la alta funcionaria del Gobierno Nacional.