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Reforma a la justicia de Duque, al borde del precipicio

Las propuestas que se han presentado para mejorar el “andamiaje” de la rama judicial no han recibido apoyo en el Congreso.

Como si de una mano invisible se tratara, en el pasado debate presidencial una propuesta se apoderó de las principales páginas de los medios de comunicación del país y generó un fuerte debate. Voces a favor y en contra se presentaron frente a la idea de crear una 'Supercorte' –como la que existe en los Estados Unidos- que remplazara los altos tribunales: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral y la recién creada Jurisdicción Especial para la Paz.

Pese a que no aparecía formalmente en su plan de Gobierno, en diferentes escenarios y conservatorios el candidato Iván Duque manifestó la necesidad de revisar el funcionamiento de las cortes que se crearon en la Constitución de 1991. El aspirante por el Centro Democrático manifestó que existían engorrosos trámites judiciales, la burocracia y la complejidad de un sistema judicial que impedía el acceso a los ciudadanos.

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Sin embargo, y para su mala fortuna, dicha propuesta coincidió con la apertura de una investigación preliminar de la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático y a quien el mismo Duque ha llamado su “mentor”. Las críticas no se hicieron esperar señalando que esa 'Supercorte' lo único que buscaba era beneficiar los intereses del expresidente, afectando el desarrollo de la indagación.

El candidato prefirió dejar la polémica a un lado, no sin antes anunciar que era necesario reformar a la justicia, una propuesta hecha en los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, pero que no se ha podido concertar por diversos factores, muchos de ellos relacionados con la falta de apoyo en el Congreso y las diversas quejas de los representantes de las altas cortes.

El 7 de agosto de 2018, en su discurso de posesión, Duque aseguró que era necesario ajustar el sistema judicial para lograr “uno más eficiente” y “cercano al ciudadano”. En su intervención en la Plaza de Bolívar aseguró que la reforma a la justicia “no da espera por la mora judicial, el hacinamiento carcelario, los procesos interminables, los riesgos de corrupción y la falta de transparencia”.

El presidente Iván Duque junto a José Luis Barceló.
El presidente Iván Duque junto a José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Colprensa

Para enfatizar la necesidad de esta reforma, el presidente designó a Gloria María Borrero como ministra de Justicia. La abogada fungía como presidenta de la Corporación Excelencia por la Justicia, organismo que hizo parte activa de las discusiones adelantadas durante los gobiernos de Uribe y Santos para revisar el “andamiaje” de la Rama Judicial en Colombia. Su nombramiento, pese a que fue bien recibido en varios sectores, se ha venido desdibujando con las propuestas que se han presentado ante el Congreso.

La primera propuesta que buscaba revisar la acción de tutela no fue bien aceptada. Pese a los intentos por aclarar que era necesario evitar su abuso, diferentes sectores académicos consideraron que se le buscaba quitar la fuerza al mecanismo por excelencia para exigir la defensa y protección de los derechos fundamentales.

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Casi que la misma suerte corrió el proyecto que buscaba crear un Tribunal de Aforados en remplazo a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para adelantar las investigaciones y juzgamientos en contra de –como su nombre lo dice- los aforados constitucionales (fiscal, procurador, contralor general, magistrados de las altas cortes, congresistas y ministros)

Los expertos aseguraron que esto eliminaría la figura de jueces naturales y crearía un vacío jurídico, puesto que los congresistas serían los encargados de investigar y juzgar. Las cargas, coincidieron varios analistas en la materia, serían desigual y generarían un caos jurisdiccional.  

El presidente Iván Duque junto a las Cortes.
El presidente Iván Duque junto a las Cortes.
Colprensa

“El Gobierno no sabe lo que quiere”

Para el exdirector del DAS y analista político Ramiro Bejarano, es evidente que el Gobierno no sabe lo que quiere lograr con esta reforma a la justicia. “El Gobierno no ha liderado este proyecto, prueba de esto es que en la mitad se presentaron dos propuestas de Cambio Radical y el Centro Democrático”.

“El Gobierno está vacilando mucho porque no tiene un norte preciso. Están pescando en el tema de prorrogarle el periodo a los magistrados y definir el tema de juzgamiento de los altos funcionarios, pero para el ciudadanos de a pie no hay nada en esa reforma”, precisó el abogado.

Bejarano advierte que la ministra de Justicia ha “sido una víctima” de su propio Gobierno, el cual la ha dejado a la deriva para que defienda algo que no tiene defensa. “No tiene el respaldo político para impulsar un proyecto de esa naturaleza (…) El Gobierno ha sido el primero en demostrar que no cree en su propia ministra”.

La Ministra en su laberinto

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha salido a capotear las constantes críticas que se han presentado desde todos los sectores políticos en contra de la reforma a la justicia. Pese a que el pasado 8 de noviembre el Senado le lanzó un salvavidas a este proyecto, el panorama todavía es muy oscuro.

Borrero, quien se desempeñó durante muchos años como directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, ha manifestado que los proyectos planteados para modificar la Rama Judicial son totalmente válidos y necesarios para resolver de una vez la crisis que se vive desde hace muchos años.

Pese a que el Gobierno busca que el Senado apruebe los principales puntos de la reforma, lo cierto es que tienen todo en contra para lograr este propósito. La legislatura acaba en pocas semanas y las posiciones de las diferentes bancadas dificultan aun más este complejo debate.

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"Yo soy optimista y daré la pelea hasta el último minuto, confiando en que sí demos esta primera vuelta antes del 16 de diciembre", aseguró la Ministra. Sin embargo, ha tenido incluso en contra a los principales representantes del Centro Democrático, quienes han cuestionado su posición frente a diferentes propuestas.

Debido a esto empezó muy temprano el ‘run run’ de su renuncia. Pese a que prefiere no darle importancia a esto, la ministra reconoce que existen muchas y muy variadas presiones frente a este tema, por lo que de no lograr el objetivo no descarta dar un paso al costado.

"No sé, de pronto volvería a insistir en marzo, pero indudablemente yo sé que por uno de los aspectos que me invitó el presidente Iván Duque a hacer parte de su gabinete era por la reforma a la justicia y si esto no prospera hablaré con él y le pondré, como siempre lo tiene, el cargo a su disposición", aseguró la ministra en diálogo con RCN Radio.

 

Por Rafael Pérez Becerra