Así es la ciencia forense aplicada a investigación de violación de Derechos Humanos

Actualmente se registran en el mundo movilizaciones sociales producto del descontento de la población con diversas políticas gubernamentales, enfrentando el uso de la fuerza del Estado para su contención, lo que ha dado lugar a violaciones de Derechos Humanos. Homicidios, torturas y desapariciones forzadas, son las más comunes y denunciadas ante organismos de control, a través de redes sociales y medios de comunicación.

Así lo confirman expertos forenses nacionales e internacionales integrantes de la agenda académica de Forensi-tech, evento del Equipo Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas). Evento que desarrolló una ruta de trabajo para autoridades nacionales y expertos forenses colombianos que buscan aplicar la innovación, la tecnología y las ciencias forenses, a la justicia de una sociedad en transición.

Lea también: Francés lleva desaparecido al menos 20 días en Cartagena

“Los nuevos escenarios digitales, los medios de comunicación y los desarrollos tecnológicos de armas no letales para la contención de estas movilizaciones, han generado debates alrededor del alcance que cada uno de los factores tienen para documentar las violaciones a los Derechos Humanos y la necesidad de reducir el daño cuando se hace uso de la fuerza”, explica Ana Carolina Guatame, coordinadora Científica del Equipo Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial.

Estefan Schimitht, Líder de Proyectos de Servicios Técnicos Internacionales en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología Forense de Florida y experto en la formación de organismos internacionales en denuncias forenses, se encargó de analizar el contexto global sobre el uso de armas no letales en la contención de la protesta social, con base en elementos utilizados por las fuerzas del orden como: 
Irritantes químicos, proyectiles de impacto cinético, dispositivos de desorientación y otros artefactos más modernos y peligrosos para la integridad de los manifestantes, como el proyector de energía dirigida, el proyector de  rayos electromagnéticos, granadas aturdidoras o algunos que existen pero aún no se utilizan como el Long Range Acoustic.

Desde la perspectiva del experto que ha trabajado con la Organización de Naciones Unidas en la documentación de escenas de crimen y para organizaciones de Derechos Humanos en escenarios como Ruanda, ex-Yugoslavia, Rusia, Irak, Afganistán, Argelia, Guatemala, Colombia, entre otros, las restricciones al uso de la fuerza se derivan de principios basados en tratados internacionales que no deben pasarse por alto, tales como:

Convención contra la tortura (CAT 1984), Pacto Internacional de Derechos Civiles  y Políticos (PIDCP) 1966, El Código de Conducta de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Recursos,1977 y la Convención sobre las armas químicas de 1993.

“Estos son recursos utilizados para formular argumentos legales en contra del uso del tipo de armas catalogadas como no letales en la contención de la protesta social y deben dar paso a la sensibilización de quienes las utilizan con el objetivo de que entiendan el efecto que causan sobre quienes las usan”, explica el experto forense.

Durante la Conferencia Magistral de Stefan Schmitht denominada,  Uso de armas no letales en la contención de la protesta social, el experto citó una investigación del British Medical Journal, que revisó 26 informes científicos de información recopilada en incidentes de los Estados Unidos, India, Irlanda del Norte, Suiza, Turquía y Nepal entre 1990 y 2017.
La investigación concluyó que:

“De un total de 1.884 personas heridas con estas armas, 53 murieron, registrando una tasa de mortalidad de 3% para ese grupo. Alrededor de 300 víctimas quedaron con discapacidades permanentes (15.5%). La ceguedad, extirpación del baso o extirpación de partes del intestino, son las consecuencias más comunes entre las víctimas de este tipo de armas”.