La actual Gobernadora del departamento se encuentra llamada a responder en cuatro de estos procesos.

PAE
Colprensa

La Contraloría General de la República abrió cinco procesos de responsabilidad fiscal, por $2.950 millones, por irregularidades en la ejecución de recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Magdalena.
 
La actual Gobernadora del departamento se encuentra llamada a responder en cuatro de estos procesos, por un posible daño patrimonial que suma más de $1.744 millones.

El equipo de la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría General de la República en el Magdalena, encontró mérito suficiente para abrir estos procesos de responsabilidad fiscal contra las autoridades de la región, "con ocasión de las irregularidades evidenciadas alrededor del Programa de Alimentación Escolar (PAE)", informó el organismo. 

Según la Contraloría, "las situaciones detectadas tienen que ver con lo reportado en las planillas de servicio comparadas contra los pagos efectuados por el ente territorial, así como variaciones no justificadas en los precios pactados para cada una de las raciones, que representaron igualmente sobrecostos entre las etapas de celebración, ejecución y pago de los contratos para la atención del PAE".

Se trata de procesos iniciados por los sobrecostos evidenciados en la ejecución del Programa, relacionados con valores pagados por los almuerzos contratados, así como diferencias entre lo pagado por la Gobernación y lo efectivamente consignado en los estudios de mercado presentados en la etapa precontractual.

"En uno de los más significativos procesos de responsabilidad fiscal, el equipo de la Contraloría pudo establecer que hecho el análisis correspondiente sobre la estructura de precios que componen el valor unitario de la ración alimentaria, se observó que la Gobernación de Magdalena contrató y pagó almuerzos por encima de lo determinado en los lineamientos del Programa de Alimentación Escolar para la vigencia 2017, con base en una modalidad de almuerzo denominada "almuerzo jornada única, no contemplada en los lineamientos técnicos, ni justificada en los estudios de mercado, ni estudios previos”, reveló el organismo.

Éste solo proceso se inició por más de $501 millones de pesos. 

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