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Aulas de clases
Gobernación del Tolima

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, pidió garantizar las medidas de bioseguridad en las instituciones educativas del país, para que los estudiantes regresen a clases con tranquilidad.

El funcionario celebró el anuncio del Gobierno a través de los Ministerios de Educación y de Salud de convocar a los niños, niñas y adolescentes a las aulas, luego de 2 años de la pandemia del covid-19 donde las  consecuencias en la salud mental, el desarrollo socioemocional y el aprendizaje, han sido nefastas para los menores. 

“Es inconcebible que casi dos años después de la pandemia, cerca de 2,2 millones de estudiantes no hayan regresado a las aulas de clase. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes, es un deber de las familias, la comunidad educativa, en especial los directivos docentes, así como de las Gobernaciones, Alcaldías y Secretarías de Educación y debe convertirse en una prioridad. Esto hace necesario adoptar medidas urgentes y decisivas para recuperar el aprendizaje perdido y asegurar el regreso a clases presenciales”, aseguró. 

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Señaló que es necesario que se protejan a los estudiantes con medidas de bioseguridad obligatorios. "Hacemos un llamado para que al sector educativo se le cumplan con los elementos de bioseguridad necesarios para el desarrollo de las actividades escolares y curriculares complementarias, así como en los servicios de alimentación escolar y transporte”, señaló.

Cabe recordar que a través de la resolución defensorial 477 de 2021, se conminó al Gobierno a implementar el ‘Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus covid-19 en las instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano’.

Hasta el 31 de octubre del año pasado, 31 Secretarías de Educación tenían un avance entre el 40 % y el 70 % de estudiantes en la presencialidad y dos (Santa Marta y Barrancabermeja) que registraron un avance inferior al 40 %. 

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Camargo Assis destacó que es urgente que se garanticen los protocolos de bioseguridad en los municipios y departamentos al igual que en las aulas de clase, con el fin de asegurar un retorno seguro a las instituciones educativas. 

Entre tanto, el funcionario le pidió al Ministerio de Educación que adelante una evaluación de los niveles de aprendizaje, en los que se logre definir las falencias que dejó la virtualidad en la formación y se planteen mecanismos de recuperación. 

"Según la UNESCO, Colombia  registra 77 semanas de cierre de los colegios afectando el derecho a la educación de millones de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, en Colombia para el 2021 se matricularon 9.968.865 estudiantes, de los cuales 2.175.713 no regresaron a las aulas de clases", explicó el defensor del Pueblo. 

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Otra de las dificultades que deja la virtualidad se centra en el acceso limitado al servicio de internet y la dificultad para acceder al uso de herramientas tecnológicas que han generado deserción escolar. De acuerdo con el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), para el 2020 se estimó la deserción total en 2,7 %.

Violencia 

La Defensoría del Pueblo señaló que la virtualidad incrementó los hechos de violencia contra los menores en Colombia, el hogar se convirtió en el epicentro de las agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Según el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a octubre de 2021 se habían reportado 4.685 hechos de violencia intrafamiliar, 3.847 casos de violencia interpersonal, 227 suicidios y 14.690 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en niños, niñas y adolescentes.

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Del mismo modo, aumentaron los casos de reclutamiento forzado en las zonas rurales y urbanas; en los últimos dos años la Defensoría emitió 70 alertas tempranas en las cuales se documentó el riesgo de reclutamiento, uso y utilización, especialmente en Cundinamarca, Amazonas, Putumayo, Antioquia y Valle del Cauca.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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