Cambio climático: ecosistemas costeros en Colombia harán parte de la solución

En la Bahía de Cispatá, en Montería, están los manglares en mejor estado del Caribe colombiano. Según el Ministerio de Ambiente, en este lugar, la entidad anunció el inicio de un proyecto de conservación para mitigar los efectos del cambio climático. 

"En la Bahía de Cispatá se está desarrollando el proyecto 'Carbono Azul' que se ha convertido en referencia para el mundo. Se trata de 'Vida Manglar' que, además de conservar 9.128 hectáreas de bosques de manglar en las costas de Córdoba y Sucre, y de generar empleo en la zona, le apunta a la meta de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 51 % al año 2030, pues estos capturan diez veces más dióxido de carbono que los bosques terrestres", explicó el ministro de Ambiente, Carlos Correa.

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El alto funcionario presentó de forma oficial el proyecto a las autoridades de la región y "a la comunidad que ha sido clave para el desarrollo de este".

"Con esta iniciativa se capturan 30.000 toneladas de CO2  (gases que producen el cambio climático) anuales. Un manglar captura diez veces más que un bosque tropical, por eso llegaremos a 9.128 hectáreas para aumentar la capacidad de captura de carbono”, expresó.

Orlando Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), indicó que "este proyecto afianzó el concepto de gobernanza y fue posible gracias a las comunidades que nos han acompañado desde el inicio en esta iniciativa que hoy tiene resultados tangibles en términos de conservación y de reducción de emisiones de CO2",

Reportó que que se hizo una medición de las emisiones de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2018, y “arrojó una reducción de 69.000 toneladas”.

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En la estrategia de conservación del ecosistema de manglar en la Bahía de Cispatá, la Balsa y Tinajones, en el Caribe colombiano, el objetivo es, según el Ministro, "lograr la certificación de los bonos se carbono, se requiere la validación, la cual esta siendo realizada actualmente por la empresa española Aenor a las instituciones y comunidades para verificar las actividades que se han venido desarrollando especialmente durante el periodo comprendido entre los años 2015-2018, como parte de la primera fase de este proyecto".