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Lo cierto es que cualquier decisión de fondo depende de la Corte Constitucional.

Caza deportiva, práctica protegida por la Corte Constitucional en Colombia
Caza deportiva, práctica protegida por la Corte Constitucional en Colombia
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El Gobierno Nacional, mediante el ministro de ambiente, Ricardo Lozano, con la participación de Minsalud, Minagricultura, Mininterior y DNP, incluyó por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo la formulación de la política nacional de protección y bienestar de animales domésticos y silvestres, nunca antes formulada por ningún gobierno. 

Un país amigable con los animales” será el nombre de esta política que ya comenzó a ser formulada y que incorporará estrategias y programas que promuevan la tenencia responsable, el manejo de animales abandonados y maltratados, la asistencia integral y la prevención del maltrato, con el fin de erradicar en el país toda forma de violencia, crueldad, tráfico y comercio ilegal.

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Por lo anterior, explicó el Ministerio de Medio Ambiente, el gobierno del presidente Iván Duque, en cabeza de su ministro de Ambiente Ricardo Lozano, reiteró su rechazo a cualquier actividad de caza deportiva de fauna silvestre en el país, pues este ejercicio deriva diversión para los cazadores y crueldad y sufrimiento para los animales, al tiempo que dista mucho de las actividades de caza realizadas por las etnias colombianas para su subsistencia o de las actividades de control poblacional que practican las comunidades o pescadores en cualquier río de Colombia.

Para este propósito, el gobierno del presidente Duque le solicitó a la Corte Constitucional que se prohíba la actividad de caza deportiva, declarando inexequibles los artículos 248, 252 y 256 del Decreto Ley 2811 de 1974, con el fin de que sean retirados del ordenamiento jurídico vigente.

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El Ministerio de Ambiente aclaró que fue el Gobierno anterior, en el año 2017 y enmarcado en una demanda contra el Código de Recursos naturales de 1974, el que pidió a la Corte Constitucional que se mantuviera la caza deportiva, refiriéndose a favor de la constitucionalidad de dicha actividad.

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