En últimos años once funcionarios de reservas naturales han sido asesinados
Los paraísos naturales se han convertido en el nuevo atractivo del conflicto armado Colombiano.
Durante los últimos años, diferentes guardaparques, funcionarios y familias aledañas a las zonas de protección natural han tenido que vivir en carné propia la inseguridad y los enfrentamientos que se presentan a diario en dichos territorios.
Al respecto, Parques Nacionales Naturales informó que en la última década once funcionarios han perdido la vida –aproximadamente uno por año– y 19 personas fueron amenazadas entre 2017 y 2018.
Sobre el tema, la Defensoría del Pueblo reportó que las organizaciones criminales y actores del conflicto armado históricamente han utilizado este vasto territorio para la extracción de rentas ilícitas, almacenamiento de mercancías ilegales, entrenamiento y ocultamiento de combatientes, laboratorios de coca y para el tráfico de armas y personas.
Durante 2018, los Parques Nacionales Naturales tuvieron 8.000 hectáreas de coca, 25 reservas naturales contaban con artefactos explosivos y en más de 57 parques nacionales transitaban grupos armados al margen de la ley.
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Casos como los de la directora de Parques Nacionales Naturales, Marta Lucía Hernández; el ingeniero ambiental Martín Duarte; el funcionario del Parque Nacional Natural Paramillo, Jairo Antonio Varela; y el último caso reportado de Wilton Orrego León, funcionario de la institución, se suman a la lista de las once víctimas que deja la violencia en paraísos natural de Colombia.
Razones como la deforestación, la minería ilegal, los cultivos de coca, la construcción hotelera, el apoderamiento de territorios y demás actividades son las causas principales de los conflictos internos que tiene la zona, por el respectivo control y vigilancia de los territorios.
La Macarena, Los Picachos, Primillo, Catatumbo Barí, Sierra Nevada de Santa Marta, Los Farallones de Cali, Tinigua, Las Orquídeas y La Playa son las áreas protegidas con mayor impacto del conflicto armados y presencia de cultivos ilícitos.
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