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Piden la renuncia del Ministro de Ambiente y del Ministro de Minas, a quienes señalan de “omisión” frente a la emergencia ambiental.

Derrame petróleo Santander.
RCN Radio.

Organizaciones sociales que componen la Cumbre Agraria y la organización medioambiental Ríos Vivos aseguraron que interpondrán acciones penales ante la Fiscalía por los delitos contra el medio ambiente en contra de la población colombiana, tras el derrame de crudo del oleoducto Lizama 158 de Ecopetrol, en Santander.

La vocera del Movimiento Ríos Vivos y de la comisión política de la Cumbre Agraria Étnica y Popular, Isabel Zuleta, indicó que la situación de los ecosistemas tras este derrame de crudo es grave y también de las comunidades que se encuentran angustiadas, por lo que se tomarán acciones de índole jurídica.

“Vamos a instaurar una demanda penal por todos los delitos ambientales que se han cometido del patrimonio por el caso del pozo, asociado a todos los pasivos ambientales que se están viviendo en la zona”, aseguró en diálogo con RCN Radio.

Añadió que “hay que recordar que en este país hay una Fiscalía para delitos ambientales, que poco funciona y que hemos intentado reactivar, pero de la cual nos debemos empoderar de mejor manera y exigirle su funcionamiento en casos como el ocurrido en Santander”.

Según Zuleta, hay  otros pozos que están en riesgo en la zona y, sumado a ello, los hechos ocurridos con Hidrosogamoso. Por eso piensa que en ese lugar hay otros pasivos ambientales.

Piden al gobierno, además, que de manera urgente se declare una emergencia social.

“Consideramos necesario que se dé una transformación de la política minero energética en el país, es una necesidad. Es obligatorio que cese el fracking que -por demás- se sospecha fue uno de los motivos para que se diera esta emergencia del derrame de petróleo que duró más de 20 días”, agregó la activista ambiental.

Isabel Zuleta indicó que tras lo sucedido los ministros de Ambiente y Minas y Energía deben renunciar, pues asegura que ellos conocían de la situación con anterioridad. De este hecho señala también a la directora de la ANLA, por lo que hay una actuación de mala fe.

“Hay que señalar que en Colombia se tiene que demostrar la no culpabilidad. Es decir, en delitos ambientales como este que ya ocurrió se presume al culpabilidad y el dolo; por eso debemos exigir que se despida a estos funcionarios y sean investigados penalmente, porque no actuaron acorde con la situación que ya se conocía podía suceder” indicó.

La vocera de Ríos Vivos puntualizo que con el fin de iniciar la construcción de las propuestas para el cambio de la política minero energética en el país, en junio se realizará un encuentro nacional en Barrancabermeja para  debatir una propuesta popular minero energética en Colombia.

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