Organizaciones sociales rechazan audiencia de la ANLA sobre el glifosato

Organizaciones sociales, campesinas, étnicas, ambientales y sindicales rechazaron la realización de audiencia pública que desde este sábado realiza la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), sobre la aspersión aérea con glifosato.

Por medio de una declaración conjunta, las comunidades señalaron que las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia impiden la participación total de todos los sectores de la población. 

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Advirtieron, además, que no se ha garantizado que los voceros de los sectores que se impactarán con la aspersión aérea puedan participar plenamente de la audiencia. 

Al mismo tiempo, cuestionaron que no se hubiese entregado información suficiente sobre los efectos que produce el uso de este químico ni tampoco sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, sobre las condiciones que se deben cumplir para reanudar la aspersión aérea con glifosato. 

Durante la jornada se espera conocer detalles del proceso impulsado por el Gobierno nacional sobre la modificación del plan de manejo ambiental que construyó la Policía Nacional, para retomar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PICIG).

Sin embargo, las organizaciones sociales mencionaron que los documentos que se entregaron para socializar las iniciativas del Gobierno sobre la reanudación de las fumigaciones aéreas, tienen varias fallas entre ellas destacaron que tienen más de mil folios con distintos títulos que no cumplen con los requisitos que establece la ley para los estudios y planes de impacto y manejo ambiental. 

"No cumplen con la condición de aportar las investigaciones correspondientes a cada municipio y zona de posible aspersión con la mezcla escogida y las sustituyen con la copia de referencias de uso del glifosato comercial en otros países y sin estudios específicos de uso de la mezcla en aspersión aérea en los ecosistemas y comunidades de los 104 municipios". 

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Las organizaciones además, manifestaron que muchos de los datos recopilados por el Gobierno, están basados en estudios desarrollados en Europa en los que, los suelos y las condiciones geofráficas son muy diferentes a las de Colombia. 

La investigación que han realizado los centros de pensamiento permitió descubrir además que, "se muestra que se divorcia el Plan de Manejo Ambiental de los componentes sobre impacto en la salud humana, que los estudios sobre suelos no tienen en cuenta investigaciones hechas en Colombia y en cambio se limita a copiar estudios realizados en Europa para uso del glifosato en la agricultura comercial y en suelos de características muy diferentes". 

En ese sentido agregaron que "tampoco se entregaron las investigaciones correspondientes a los inventarios de flora y fauna, incluidas especies acuáticas, abejas; tampoco se presentan los estudios socioeconómicos específicos dado que en el documento de la Policía sólo hay una lista de datos copiada del DANE y otras entidades sin relacionarla con impactos poblacionales; no se ha entregado información sobre costo de los posibles impactos ni los estudios económicos de análisis de alternativas". 

También precisaron que, el Gobierno no ha cumplido con todos los condicionamientos que establece la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-236 de 2017 y Auto 387 de 2019), sobre los estudios científicos que deben respaldar el plan de manejo ambiental.