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Los funcionarios de Parques Nacionales hacen verificación del caudal de los ríos y situación de los senderos
Cortesía: Parques Naturales

Fueron diez las organizaciones ambientales y académicas que enviaron una carta al presidente Iván Duque, en la que piden mantener la prohibición de construcciones hoteleras al interior de los Parques Nacionales Naturales (PNN).

"Muchos actores se han preguntado a raíz de este cambio tan repentino, si lo que el Gobierno Nacional se propone es reorientar la política de los PNN en temas tan cruciales como la política del ecoturismo, o el proceso de actualización de la política general de Parques en curso", reseña uno de los apartes del documento.

Lo anterior se relaciona a la salida de Juliana Miranda de la Dirección de Parques Nacionales. Algunos comentarios de los ambientalistas, a través de las redes sociales, señalan que esa decisión se tomó luego que Miranda se opusiera a la construcción de un hotel en el Parque Tayrona.

Por esta razón, la misiva insta al Gobierno a preservar y reforzar las políticas de protección de los Parques Nacionales.

"Mantener la prohibición de construcciones de infraestructura hotelera al interior de PNN para asegurar su integridad. Esta es una política que tiene ya una historia de 50 años y que es necesario protegerla frente a diversos grupos de interés que en diferentes momentos han buscado eliminarla", se indica en el documento.

Estos son algunos puntos que expresaron las organizaciones en la carta enviada al presidente Iván Duque y al ministro de Ambiente, Carlos Correa.

-Asegurar que la lucha contra la deforestación en los Parques Nacionales culmine en su reducción a cero, antes de agosto de 2022, de conformidad con el compromiso adquirido por el Presidente, en el marco de la Conversación Nacional. 

-Resolver los problemas de orden público en los Parques. Funcionarios de algunos parques han sido asesinados por cumplir con su deber y desde hace meses varios parques en la Amazonía se encuentran sin presencia de funcionarios, debido a las amenazas que han recibido.

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-Avanzar en la lucha contra los cultivos ilícitos, al interior de los parques, mediante diversas estrategias. En 2019, el Observatorio de drogas de Colombia del Ministerio de Justicia identificó 6.785 hectáreas (Ha) de cultivos ilícitos en 14 parques (0,04% de la superficie de los parques.)

- Terminar la actualización de la Política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) y la elaboración del respectivo Conpes, una política participativa fundamental para el avance de la conservación y garantizar la sostenibilidad en la implementación de las acciones del Sinap.

-Continuar la concertación de acuerdos de conservación con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Honrar la confianza que las comunidades locales han depositado en los Parques Nacionales, requiere que los acuerdos se mantengan, se sigan implementando y se consoliden los que están en proceso de construcción.

-Adelantar las nuevas declaratorias de Parques Nacionales. El caso de la Serranía de Manacacías es un buen ejemplo, en donde se han realizado esfuerzos importantes para articular recursos dirigidos a la compra de predios. Esta declaración representaría el Parque Nacional número 60.

-Fortalecer la financiación del Sistema de PNN, con miras a asegurar su sostenibilidad. Hay avances importantes como la destinación de un porcentaje del impuesto al carbono para las áreas protegidas y el programa Herencia Colombia, un gran esfuerzo del país con aliados internacionales para la conservación.

-Fortalecer el componente de gestión equitativa y valoración de servicios ecosistémicos como fundamento para gestionar varios de los conflictos existentes sobre el uso, ocupación y tenencia de tierras y para evidenciar la importancia de las contribuciones de los Parques Nacionales al desarrollo del país.

-Consolidar la transparencia de las decisiones referentes a los Parques Nacionales. El caso del Parque Tayrona ilustra la necesidad de continuar los procesos sancionatorios, las restituciones y demoliciones que se encuentran en manos de los jueces, es un claro ejemplo de protección y defensa del patrimonio público de los colombianos que debe intensificarse en el sistema de PNN.

 

Fuente

Sistema Integrado de Información.

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