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Se trata de la ley 1930 de 2018 por la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los paramos.

Páramo.
RCN Radio.

La Corte Constitucional tiene en sus manos resolver una demanda contra la ley de paramos (ley 1930 de 2018) por la cual se dictan las disposiciones para su gestión integral, que al parecer estaría vulnerando los derechos a la consulta previa de las comunidades indígenas que viven en esas regiones del país.

El argumento es de Nelson Andrés Montero, director ejecutivo de la ONG Planeta Vivo, quien afirmó ante la Corte que la norma afecta en gran parte a las comunidades que gozan de especial protección y que al no ser consultadas por el futuro de su territorio, podría poner en riesgo su vida, “la expedición de la ley debió estar sujeta a un proceso de consulta toda vez que busca transformar los hábitos y costumbres de las comunidades indígenas”.

El director de la ONG dice que el Estado compra las tierras que por siglos han sido cultivadas por los indígenas, pero a un precio mucho menor del que las adquirieron, “el productor o campesino que ha trabajado toda su vida para comprar un terreno, digamos por 7 millones de pesos fanegada y media, el Estado le propone comprarlo para protegerlo, en millón 200, entonces todo el esfuerzo de su vida para conseguir esa tierra se ve cercenado”.

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Además, señala que los indígenas se ven obligados a dejar sus tradiciones agrícolas, “les dicen que deben salir de las actividades que ha desarrollado toda su vida, como el cultivo de papa y que deben cultivar algo que no genere afectación”.

Una de las comunidades que según el demandante se vería afectada es la U’wa ubicada en el departamento de Boyacá, Arauca y Norte de Santander, que tiene más del 70% de su territorio “en el Chita, Güican de la Sierra y el Cocuy (…) esta comunidad se le estaría lesionando sus derechos civiles y políticos, como también los económicos sociales y culturales. Particularmente el derecho a la vida y a la diversidad étnica”.

Uno de los artículos de la ley que Montero critica es el 10, el cual habla sobre las actividades agropecuarias y mineras, que establece que el Gobierno deberá “diseñar, capacitar y poner en marcha programas sustitución y reconversión las actividades agropecuarias de alto impacto (…) con el fin de garantizar conservación de páramos y el suministro de servicios ecosistémicos”.

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La ley establece algunas prohibiciones como el desarrollo actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, la expansión urbana y suburbana, y también se prohíbe la construcción de nuevas vías en los páramos, también están prohibidas las quemas, y las talas, “con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización y lineamientos de la autoridad ambiental”.

Al respecto el procurador Fernando Carrillo a través de un concepto, señaló que la ley no presenta ningún vicio o irregularidad en la cual que vean afectados los derechos de las comunidades indígenas, “ni en los argumentos presentados por el accionante se encuentran contenidos normativos que afecten de manera directa a las comunidades indígenas”.

El estudio de la demanda en Sala Plena de la Corte está programado para el próximo miércoles. El despacho de la magistrada Cristina Pardo ya entregó ponencia.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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