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Explotación minera
La falta de confianza entre los empresarios mineros y las comunidades parece ser el punto de quiebre en esta relación.
Foto: Archivo Colprensa

Continental Gold, una de las empresas mineras de oro más grande del país asegura que algunos recursos de explotación no llegan a las regiones más pobres. 

En el seminario "Clave para el desarrollo sostenible del sector extractivo en Colombia" realizado en el Club El Nogal de Bogotá asistieron los más grandes empresarios mineros, legisladores, Gobierno, representante de comunidades, entre otros actores. 

El tema central del debate fue conciliar los intereses económicos del país frente a los derechos fundamentales de las comunidades.

"El gran problema que siento es que hoy las regiones no están beneficiadas de la explotación de los recursos naturales... No es posible que generemos billones de pesos en regalías y en la región donde explotemos no haya acueducto", sostuvo Carlos Franco gerente de proyectos estratégicos de Continental Gold. 

Franco añadió que solo el año pasado se generaron 20 billones de pesos en regalías producto de la explotación de minerales (petróleo, carbón, oro) en el país. 

Hace 100 años, en abril de 1928, se hizo la primera explotación petrolera del pozo Infantas en Barrancabermeja, un hecho que marcó el inicio de desarrollo del país abriendo al mismo tiempo las brechas sociales. 

"Hay un debate de cuánto ha contribuido la industria petrolera al desarrollo de Colombia", dijo Franco al auditorio agregando que, aunque ha generado progreso en distintas áreas, paradójicamente la mayoría regiones donde se realiza la actividad minera son las más rezagadas.

La falta de confianza entre los empresarios mineros y las comunidades parece ser el punto de quiebre en esta relación. 

Gabriel Muyuni, indígena del pueblo Inga del Putumayo, una de las regiones más petroleras del país, recalcó en el evento la importancia del diálogo desde las distintas posiciones. 

"Imponerse a través de razones teóricas, jurídicas, incluso con la fuerza por parte de quienes están interesados en hacer minería, nunca será la mejor opción. Hay que superar el conflicto mediante un diálogo básico social e intercultural", sostuvo Muyuni.

Para Alejandro Mesa, abogado de la firma internacional Baker McKenzie, compañía que asesora en temas de minería, la propuesta de algunos empresarios de reglamentar  las consultas previas con una ley estatutaria parece ser una de las soluciones para mejorar la relación entre los mineros y la comunidad.

“Con el nuevo Congreso tenemos la oportunidad de hacer un debate amplio sobre las consultas previas para que no sean vistas solo como un simple trámite, sino como algo de sustancia que protege a las comunidades y que al mismo tiempo protege los intereses económicos del país”, afirmó Mesa. 

La consulta previa se creó con la ley 21 de 1991 como una legislación interna. Este trámite obliga a que las comunidades sean consultadas, siempre y cuando estén afectadas con el área de influencia en proyectos de desarrollo, bien sea de infraestructura o de minería. 

“Todos los mecanismos de participación son buenos pero por ejemplo, una discusión de un año sobre un proyecto sería mejor que una consulta de un día sin conocimiento. Debemos saber cuál es la mejor herramienta de participación democrática”, dijo el gerente de proyectos estratégicos de Continental Gold. 

Al respecto, el magistrado auxiliar Aquiles Arrieta reflexionó sobre las escasas leyes estatutarias en el país. 

“No hay leyes estatutarias para el trabajo, las pensiones. Solo hay en salud. En ese sentido, la Corte no dice que hacer porque la Corte no produce normas jurídicas”, indicó.

Aclaró que una ley estatutaria tiene el rol de administrar la actual Constitución de 1991. 

“La Corte está obligada a proteger a los más débiles. Se requiere, entonces, una normatividad que pondere adecuadamente los valores constitucionales. El problema es que en la producción minera se están enfrentando los valores constitucionales”. 

Fuente

Periodista Carolay Morales

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