Fiscales guatemaltecos vigilan los centros para evitar delitos electorales

Un total de 2.400 fiscales de Guatemala vigilan durante la jornada de hoy los centros de votación del país para evitar posibles delitos electorales.

El Ministerio Público (MP-Fiscalía) explicó en una declaración pública que los funcionarios -fiscales, auxiliares fiscales y oficiales- se encuentran desde las 09:00 hora local vigilando la segunda vuelta electoral en todo el país.

"Su responsabilidad es moniteorear los distintos centros de votación para que estas elecciones se realicen con transparencia", agregó la Fiscalía, quien apostilló que otra de sus responsabilidades es atender "las denuncias o eventualidades" derivadas del proceso.

El MP también habilitó un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para atender las denuncias electorales, que también pueden ser presentadas en los casi 3.000 centros de votación y en la Agencia Fiscal contra Delitos electorales, ubicada en la sede central del ente, en la zona 1 capitalina.

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, realizó un recorrido por algunos centros de votación, en compañía del procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, con el objetivo de "verificar personalmente que estas elecciones transcurran con normalidad y transparencia".

En este sentido, Aldana indicó que hasta el momento los comicios transcurren con normalidad y añadió que se reportan 13 denuncias por delitos electorales, entre los que destacan "la coacción contra elecciones, fraude de votante, coacción al elector, uso de documentos falsos, acarreo de personas y el tomar fotografías al momento de emitir el voto".

Aldana hizo un llamado a los guatemaltecos para que se acerquen este domingo a las urnas a emitir su sufragio porque "el voto es el poder del pueblo y un voto puede ser la diferencia en este proceso electoral".

"Además es un derecho ciudadano que se debe ejercer con responsabilidad", agregó, en vistas de que hasta el momento la participación ciudadana está siendo escasa.

Más de 7,5 millones de guatemaltecos están llamados a las urnas para elegir a las autoridades para los próximos cuatro años (2016-2020).

Los votantes deberán escoger entre Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y Jimmy Morales, de Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Estos dos candidatos fueron los más votados en las elecciones generales del pasado 6 de septiembre y debido a que ninguno alcanzó el 50 por ciento más uno de los sufragios, este domingo se celebra la segunda vuelta para elegir al gobernante para el periodo 2016-2020.

 

El candidato que resulte vencedor tomará posesión del cargo para un periodo de cuatro años el 14 de enero próximo en sustitución de Alejandro Maldonado Aguirre, quien encabeza el gobierno de transición.

Maldonado asumió la jefatura de Estado el 3 de septiembre último tras la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, en prisión preventiva acusado de ser uno de los supuestos líderes de la trama de corrupción estatal "La Línea".

Pérez Molina y su vicepresidente Roxana Baldetti, también en la cárcel de forma preventiva desde agosto último tras haber renunciado el 8 de mayo pasado, son acusados de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

Durante los últimos días los dos candidatos se comprometieron a combatir la corrupción y a luchar por la transparencia en la ejecución de los recursos del Estado.

Nuevo gobierno cuesta arriba

Cualquiera que resulte electo encontrará un Estado con arcas vacías, carecerá de mayoría en el Congreso y estará bajo la mirada vigilante de la población, que exige transparencia.

El panorama más complicado es para Morales, porque solo tiene 11 de los 158 diputados en el Congreso, al tiempo que su partido no gobierna ninguna de las 338 alcaldías.

En tanto, la agrupación de Torres obtuvo 33 parlamentarios y ganó 62 alcaldías.

"El nuevo presidente enfrentará un panorama tétrico porque el Estado está agonizando, las instituciones están colapsadas, la mayoría de los ministerios están endeudados, con cuentas pendientes", dijo Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capitulo local de Transparencia Internacional.

Para complicar la situación, el fisco ha registrado "una caída muy drástica de ingresos y (el gobierno) va a tener de entrada muchas demandas y no cuenta con ninguna capacidad financiera para satisfacer esas demandas".

En los últimos meses varios de los 14 ministerios han colapsado por falta de recursos, como el de Salud, que está desabastecido de medicinas, y el de Comunicaciones e Infraestructura, que tiene deudas con empresas constructoras.

Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, comentó que otro problema será la baja recaudación tributaria, que apenas supera el 10% del Producto Interno Bruto. Se prevé que el déficit fiscal alcance el 2,1%.

"Va a tener que ser un presidente muy creativo para hacer reformas realmente radicales que le permitan tener un horizonte de gobernabilidad", advirtió Medina.

El politólogo Marco Antonio Barahona consideró a su vez que lo primero que tendrá que hacer el nuevo gobierno será promover reformas profundas a la Constitución de 1985, redactada en medio de la guerra civil de 36 años (1960-1996), que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU.

La Carta Magna se hizo en "un contexto del conflicto armado interno con mucha preponderancia de los militares y en el que no había un poder social más organizado. Por lo tanto, (...) la Constitución corresponde a los intereses de tradicionales sectores de poder de Guatemala", explicó.

Fiscalización pública

Los analistas advierten que el nuevo gobierno estará bajo la lupa de la fiscalización pública para evitar nuevos escándalos como los que precipitaron la caída del expresidente Pérez.

De acuerdo con Marroquín, el movimiento de indignados que surgió con la movilización anticorrupción está vigilante y a "cualquier signo de mal gobierno, la gente va a salir inmediatamente las calles".

Torres y Morales convirtieron el combate a la corrupción en el eje de sus promesas electorales.

"El impulso cívico ciudadano por la transparencia debería de mantenerse con el próximo gobierno. Si queremos que las cosas cambien realmente, hay que mantener vivo ese espíritu de indignación, de denuncia y rechazo a las prácticas nocivas y corruptas", comentó Barahona.

"Más allá de la corrupción, (la población) está mucho más alerta en que el gobierno no solo no sea corrupto sino que sea eficiente", puntualizó.

Por AFP y EFE