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Inmigrantes en frontera de EE.UU.
AFP

La Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, aprobó un proyecto de ley para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que viven en Estados Unidos, una normativa que tiene pocas posibilidades de pasar en el Senado y que el Ejecutivo ya advirtió que vetará.

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La legislación que busca otorgar protección permanente a los "soñadores", como se conoce a los jóvenes que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, fue aprobada por 237 votos a favor y 187 en contra. 

"Tenemos la oportunidad de estar del lado correcto de la historia, pero lo que es más importante, de estar del lado correcto del futuro al votar y reconocer el valor de los soñadores para el futuro", dijo durante el debate la líder de la mayoría demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi. 

El proyecto de ley, aprobado hace dos semanas en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, busca otorgar protección permanente y allanar el camino a la ciudadanía a los "soñadores", muchos de los cuales están actualmente protegidos por el programa DACA creado por el expresidente Barack Obama, así como a los titulares del Estatuto de Protección Temporal (TPS).

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Donald Trump está decidido a acabar con ambos programas, que según cifras oficiales amparan de la deportación a unos 700.000 "soñadores", y a otros 300.000 beneficiarios del TPS, la gran mayoría latinoamericanos.

La Oficina de Administración y Presupuesto de la Presidencia (OMB) advirtió en un comunicado que si la ley "se le presentara al Presidente en su forma actual, sus asesores le recomendarían que la vetara". 

La iniciativa Ley de Sueños y Promesas también permitiría que unos 1,6 millones de "soñadores" no acogidos al DACA pudieran permanecer legalmente en Estados Unidos.

El proyecto de ley, auspiciado por la congresista de California Lucille Roybal-Allard y copatrocinado por 232 legisladores, fue presentado en marzo por Pelosi.

Trump anunció a partir de 2017 la cancelación del TPS para seis de los 10 países actualmente elegibles, entre ellos Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua, argumentando que cambiaron las condiciones que lo justificaron.

Fuente

AFP

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