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En Colombia se siguen violando los derechos humanos durante el conflicto: HRW

El informe anual que presenta la Human Rights Watch sobre derechos humanos en Colombia durante 2013, indica que en el marco del conflicto armado interno se siguieron cometiendo graves abusos por parte de grupos armados irregulares como las guerrillas y los paramilitares.

Según el informe más de 5 millones de colombianos fueron desplazados internamente, y cada año al menos 150.000 personas siguen abandonando su hogar, lo cual ha generado la segunda población más grande del mundo de desplazados internos.

Es común que defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y líderes de desplazados sean víctimas de amenazas de muerte y otros abusos. "Si bien el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos ha repudiado insistentemente las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos, son muy pocos los casos en que los responsables de estos actos son llevados ante la justicia". Señala el organismo.

El gobierno de Santos ha adoptado diversas medidas que frustran la posibilidad de rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. El gobierno impulsó reformas constitucionales en materia de justicia transicional y el sistema de justicia penal militar que podrían asegurar que abusos aberrantes cometidos por las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares queden impunes. En procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno negó que las fuerzas armadas hubieran participado en atrocidades por las cuales en la justicia nacional ya habían sido condenados varios militares.

El gobierno colombiano y las Farc mantienen negociaciones de paz en Cuba desde 2012. El conflicto armado interno colombiano se ha cobrado aproximadamente 220.000 vidas desde 1958, el 81,5 por ciento de las cuales fueron civiles, según surge de un informe publicado en 2013 por el Centro Nacional de Memoria Histórica, creado por el gobierno.

Las Farc y el ELN continúan cometiendo graves abusos contra civiles, incluidos asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y reclutamiento y uso de niños como soldados. En septiembre de 2013, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación ante el reclutamiento forzado de niños de las comunidades indígenas Paeces en el departamento de Cauca, presuntamente por las FARC.

Las FARC y el ELN continúan usando minas antipersona. El gobierno informó que 13 civiles murieron y otros 107 sufrieron heridas entre enero y agosto de 2013.

El informe también señala que, entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha participaron en un proceso de desmovilización que presentó graves falencias y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos.

Los grupos sucesores de paramilitares, que en muchos casos son liderados por miembros de organizaciones paramilitares desmovilizadas, cometen abusos generalizados contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones, violencia sexual y desplazamiento forzado. Según el informe anual 2012 del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), estos grupos serían responsables de al menos la misma cantidad de muertes, amenazas, incidentes de desplazamiento y desapariciones que el conflicto armado entre las FARC y las fuerzas estatales.

A pesar de los notables avances en la captura de sus líderes, las autoridades colombianas no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares:?en mayo de 2013, la Policía informó que los grupos contaban con 3.866 miembros que operaban en 167 municipios, en comparación con la estimación efectuada por la Policía en julio de 2009, que indicaba que existían 4.037 miembros en 173 municipios. Estos grupos aún mantienen su poder, entre otros motivos, debido a la tolerancia y a la connivencia de miembros de la fuerza pública local.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz, que redujo drásticamente las penas para los paramilitares desmovilizados que confiesen atrocidades, ha sido sumamente lenta. En julio de 2013, ocho años después de la aprobación de la ley, los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz habían obtenido condenas contra solamente 18 personas. En 2013, la unidad adoptó un nuevo método de investigación que dio mayor celeridad a los procedimientos, permitiendo la imputación de cargos contra decenas de paramilitares.

Desde que en 2006 se desató el escándalo de la “parapolítica”, más de 55 miembros y ex miembros del Congreso han sido condenados por sus nexos con paramilitares. En agosto de 2013, la Corte Suprema dispuso el arresto de Luis Alfredo Ramos, presidente del Senado en el período 2002-2003, gobernador de Antioquia de 2008 a 2011 y aspirante a las elecciones presidenciales de 2014.

La Procuraduría General de la Nación, que lleva adelante investigaciones disciplinarias de funcionarios públicos, ha conseguido resultados mucho más limitados en lo que respecta a la sanción de miembros del Congreso que colaboraron con paramilitares. La Procuraduría exoneró de cargos disciplinarios a varios ex legisladores cuya responsabilidad penal por esta colaboración había sido establecida anteriormente.

El ex Presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y sus allegados enfrentaron cada vez más señalamientos de presuntos vínculos con paramilitares. En 2013, la Fiscalía reabrió una investigación preliminar sobre supuestos vínculos entre Uribe y paramilitares. Uribe niega tales acusaciones. La Fiscalía también llamó a indagatoria a Santiago Uribe, hermano del ex presidente, en relación con el presunto rol que el primero tuvo en la conformación de un grupo paramilitar y un asesinato ocurrido en el departamento de Antioquia en la década de 1990.

En octubre de 2013, la Fiscalía identificó formalmente al jefe de seguridad de Uribe durante su presidencia, el general de Policía retirado Mauricio Santoyo, como presunto implicado en la investigación sobre la “desaparición” forzada de dos activistas de derechos humanos en 2000. En 2012, Santoyo se declaró culpable de colaborar con paramilitares entre 2001 y 2008 en la justicia federal de Estados Unidos.

Durante el gobierno de Uribe, el Ejército colombiano cometió una cantidad alarmante de ejecuciones de civiles, especialmente entre 2004 y 2008. En muchos casos —que se conocen como “falsos positivos”— miembros del Ejército asesinaron a civiles y luego informaron que se trataba de combatientes muertos en enfrentamientos, aparentemente como respuesta a las presiones que recibieron de sus superiores para demostrar resultados. El número de presuntas ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente a partir de 2009, si bien durante 2012 y 2013 se registraron algunos casos.

El gobierno no mantiene un registro de datos estadísticos que clasifique a los casos de “falsos positivos” como una categoría específica de delitos, distinta de otros tipos de ejecuciones ilegales.