Comisión parlamentaria pide inculpar a Bolsonaro por 10 delitos en gestión de la pandemia

Una comisión investigadora del Senado brasileño recomendó este miércoles la imputación del presidente, Jair Bolsonaro, por diez delitos durante la gestión de la pandemia, entre ellos "crímenes contra la humanidad" y favorecer una "epidemia", según el informe final publicado por la prensa poco antes de su lectura.

Tras seis meses de audiencias, el relator de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) concluyó que el gobierno federal expuso "deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa", por lo que pide la inculpación de Bolsonaro y otras 67 personas, incluyendo varios ministros, exministros y tres hijos del mandatario.

Además de un "deliberado atraso" en la compra de vacunas, "se comprobó la existencia de un gabinete paralelo [que asesoraba al gobierno], la intención de inmunizar la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimularon las medidas no farmacológicas", como uso de mascarilla y distanciamiento, añade en sus conclusiones el senador opositor Renan Calheiros, responsable de la elaboración del informe. 

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La Corte Penal Internacional no tiene el poder de hacer denuncias formales, pero su informe será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o una corte internacional. 

El resumen del informe final será leído este miércoles y votado por la comisión de once miembros la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado con pocas modificaciones. 

La comisión fue instalada el pasado 27 de abril y desde entonces ha celebrado 67 audiencias, en las que ha escuchado el testimonio de casi un centenar de personas, incluidos ministros y altos funcionarios del Gobierno. 

Bolsonaro ha descalificado la actuación de la comisión, sobre la cual sostiene que está dominada por una oposición que "no quiere la verdad" sobre la pandemia y pretende desalojarle del poder antes de las elecciones presidenciales previstas para octubre de 2022.