Comité del Senado paquistaní pide ejecuciones públicas de violadores de niños

El Comité Permanente de Interior del Senado paquistaní pidió hoy que se enmiende el Código Penal para ahorcar en público a los condenados por abusar sexualmente de niños, tras el escándalo por la violación y asesinato de una niña de siete años hace dos semanas.

"Las personas serán probablemente disuadidas de cometer un crimen si el castigo es rápido, incuestionable y severo", indicó hoy en una carta enviada al Senado el presidente del Comité Permanente de Interior de ese cuerpo, Rehman Malik.

El político del opositor Partido Popular de Pakistán y ex ministro de Interior afirmó que el objetivo es que el miedo a este castigo evite que se cometan crímenes de este tipo contra niños.

La propuesta de Malik, aprobada el lunes por el comité, pide que el artículo del Código Penal que castiga con la pena capital el secuestro de menores de 14 años por herirlos o abusar de ellos, incluya también que el culpable sea "ahorcado en público".

Además, pide el mismo cambio en el Código de Procedimiento Criminal.

El senador Talha Mehmood, miembro del comité, confirmó que han pedido al Senado que permita una votación de la propuesta de enmienda a la legislación.

La propuesta llega después de que el asesinato y violación de una niña de siete años en la ciudad de Kasur (este) conmocionase al país hace dos semanas y provocase protestas violentas que acabaron con dos muertos por la aparente inacción de las autoridades políticas y policiales.

En esas protestas algunos de los manifestantes pidieron la ejecución pública del culpable.

Las autoridades paquistaníes anunciaron ayer el arresto del presunto asesino en serie que violó y asesinó a la niña y a al menos otras siete menores, de un total de 12 asesinadas y violadas en Kasur en el último año.

En marzo de 2016, Pakistán convirtió en delito los abusos sexuales a menores y la pornografía infantil tras un escándalo de pedofilia en Kasur en el que 19 menores fueron fotografiados y grabados en vídeo.

A pesar de ello, ONG y activistas creen que el país carece de los mecanismos para prevenir o hacer frente a la violencia contra los niños.