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SAN ANDRÉS



La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) determinó que los estados parte del tribunal tienen obligaciones con la protección del medio ambiente y con evitar daños ecológicos transfronterizos, según una opinión consultiva divulgada este miércoles.

La opinión de la CorteIDH, promulgada por una consulta de Colombia, reconoce "la relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos".

Según el tribunal, con sede en San José, los estados deben prevenir "daños ambientales significativos dentro o fuera de su territorio", así como aplicar el principio de precaución frente a posibles daños al medio ambiente.

También estableció la necesidad de cooperar con otros estados para la protección del ambiente y garantizar el derecho a la participación pública en la toma de decisiones y políticas que afecten el ambiente.

La petición colombiana fue sometida a la CorteIDH en marzo de 2016 y busca esclarecer la relación entre los compromisos con el respeto a los derechos humanos y los pactos internacionales para la protección del medio ambiente.

Colombia celebra que CorteIDH avale su tesis de protección del mar Caribe


El Gobierno colombiano recibió  con satisfacción el respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) a una consulta que hizo a ese organismo sobre protección de derechos humanos y medio ambiente en el área del Caribe frente a los grandes proyectos de infraestructura.

"La CorteIDH avaló la tesis de Colombia sobre la obligación que tienen los Estados de garantizar la protección del medio ambiente marino y la protección contra daños transfronterizos", manifestó la Cancillería en un comunicado.

La "opinión consultiva" presentada por Colombia no se refiere a un caso en particular, pero da al país herramientas para que se activen mecanismos de protección frente a grandes proyectos de infraestructura que se puedan realizar en el Gran Caribe, como por ejemplo el canal interoceánico que pretende construir Nicaragua.

El Gobierno colombiano considera que, de esta forma, puede seguir avanzando en la protección del medio ambiente en el Caribe y de los derechos e intereses de los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de la Reserva de la Biósfera Seaflower.

"El hecho de que ellos nos respondan avalando la tesis de Colombia es una victoria grandísima para que se respeten los derechos del Gran Caribe, de la reserva de Seaflower y de la gente de San Andrés", dijo el agente de Colombia ante la CorteIDH, Ricardo Abello.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el concepto de la CorteIDH significa que, "si un Estado pretende construir y operar grandes proyectos de infraestructura en el Gran Caribe, debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que otros Estados se vean afectados, cumpliendo con los principios de prevención y precaución".

La solicitud de opinión consultiva fue presentada por Colombia el 14 de marzo de 2016 ante la CorteIDH como parte de su "estrategia integral" de defensa jurídica para proteger los intereses y derechos de los colombianos, especialmente de los habitantes del archipiélago de San Andrés y de su comunidad raizal.

"El presidente dijo que utilizaría todo los medios jurídicos para defender la Seaflower y los intereses no solo de los isleños sino en general del Caribe", recordó Abello.

Por esa razón consideró la respuesta de la CorteIDH como "supremamente positiva para Colombia" en su defensa y protección de cualquier daño ambiental "del Caribe en general y del Seaflower específicamente".

"El mar Caribe, por ser un mar cerrado, es supremamente sensible a cualquier impacto ambiental", dijo, y explicó que como los grandes proyectos de infraestructura pueden afectarlo, lo que el Gobierno busca es "proteger el mar en general".

En principio, las opiniones consultivas no tienen carácter vinculante, "pero los Estados tienen obligación de actuar en conformidad para no generar efectos contenciosos" y evitar cualquier daño ambiental, indicó el agente.

El litigio de Colombia y Nicaragua por la delimitación de sus aguas en el mar Caribe se mantiene pese a que en noviembre de 2012 la CIJ redefinió la frontera marítima entre ambos países, fallo con el que Nicaragua ganó territorio.

Esa decisión fue considerada "inaplicable" por Colombia porque los límites del país no pueden ser modificados por terceros sino por el Congreso.

Luego del fallo, Nicaragua presentó en 2013 dos nuevas demandas, una de las cuales es la pretensión de la plataforma continental extendida más allá de las 200 millas náuticas, mientras que la otra argumenta que se ha incumplido el fallo que redefinió los límites marítimos entre ambos países.

Por todo ello, la consulta a la CorteIDH, según la Cancillería, "está estrechamente relacionada con la defensa de los intereses de Colombia en el marco de los procesos interpuestos por Nicaragua y que actualmente cursan ante la CIJ".

Por: AFP Y EFE