La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió este miércoles a Rusia, por 13 votos a favor y dos en contra, “suspender de forma inmediata las operaciones militares” en Ucrania.

“La Federación rusa debe asegurarse de que cualquier unidad militar o grupo armado irregular que apoye (…) evite tomar pasos que fomenten las operaciones militares” en Ucrania, dijo la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, en la lectura pública de la orden judicial. 
Asimismo, los jueces decidieron de forma unánime hacer un llamamiento a Moscú y a Ucrania para que se “abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la corte”. 

La orden aprobada, a pesar de su supuesto carácter obligatorio, podría ser ignorada y bloqueada por Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Ucrania ha buscado una vía legal poco habitual para llevar el conflicto armado a la CIJ, el principal órgano judicial de Naciones Unidas.

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Ese país asegura que Rusia malinterpreta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión con base en un presunto genocidio de la población ruso parlante en las provincias de Donetsk y Lugansk. 

Los magistrados se pronunciaron este miércoles a favor de Ucrania, porque declararon que “en principio” tienen jurisdicción para juzgar el caso, aunque Rusia tendrá más adelante el derecho de presentar una moción para disputar la jurisdicción de la corte.

Las medidas cautelares dictadas, como ordenar el cese de las hostilidades, se deberían aplicar en teoría hasta que se juzgue el fondo del caso. Es decir, hasta que la CIJ analice si Moscú ha malinterpretado la convención contra el genocidio, un proceso judicial que llevaría años. 

“Hay consenso entre los abogados especializados en derecho internacional respecto al fallo en contra de Rusia. La pregunta es si Rusia realmente hará eso o no”, dijo la presidenta de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio (AIEG), Melanie O’Brien.

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A diferencia de los tribunales nacionales, la CIJ no dispone de una fuerza policial que haga cumplir sus sentencias, sino que depende de la voluntad de los Estados implicados.

Cuando un país ignora las órdenes de la CIJ, el Estado afectado puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para dar efecto a la sentencia”, se dice en el artículo 94 de la carta de la ONU.

“Todos sabemos que el problema del Consejo de Seguridad es que Rusia es uno de los cinco miembros permanentes y vetaría cualquier resolución relacionada con este conflicto”, indicó O’Brien.

Existen precedentes similares. En 1986, Estados Unidos bloqueó una solicitud en el Consejo de Seguridad de la ONU en la que se exigía a Washington que cumpliera una orden de la CIJ y dejara de apoyar a la Contra, los insurgentes que intentaron derrocar al Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua.

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Para la presidenta de la AIEG, la orden de la CIJ sobre Ucrania podría ser “simbólica y significante” para el tribunal, pero también “frustrante” porque “hasta ahora podemos decir con seguridad que a (el presidente ruso, Vladimir) Putin no le preocupa cumplir con el derecho internacional”.

“Teniendo en cuenta los crímenes de guerra que se están cometiendo en Ucrania, creo que (Putin) estaría contento a la hora de ignorar un fallo de la CIJ”, añadió O’Brian.

La vía de la CPI

Existe otro tribunal con sede en La Haya que también tiene bajo su lupa la guerra de Ucrania. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga responsabilidades penales individuales, ha desplegado un equipo de investigación en la región para recoger evidencias de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Para O’Brien, la CPI es “una buena vía, pero no completa” para la aplicación del derecho internacional en el conflicto porque este tribunal “no tiene jurisdicción sobre todos los delitos que estamos viendo que Rusia comete en Ucrania”. 

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No obstante, la presidenta de la AIEG considera que, dada la cantidad de evidencias de crímenes de guerra, la CPI podría emitir una orden de arresto “contra Putin o contra generales de alto rango” del Ejército ruso.

El problema entonces sería que, como Moscú no acepta la jurisdicción de este tribunal, no tendría la obligación de entregar a los nacionales reclamados. Estos solo serían trasladados a La Haya si fuesen detenidos en uno de los 123 Estados Parte de la CPI.