CPI investigará a Venezuela por presuntas violaciones a Derechos Humanos; Maduro ya reaccionó
El fiscal de la CPI confirmó, tras reunirse con Maduro, que concluye el examen preliminar y se pasa a una nueva fase de investigación.

La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal a Venezuela por denuncias de violaciones a los derechos humanos en 2017.
El anuncio lo hizo el fiscal de la CPI, Karim Khan tras una reunión presencial con Nicolás Maduro, quien dijo que no estaba de acuerdo con la decisión pero que "respetaba la medida".
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"El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma", reza un memorando firmado con Venezuela y leído frente a Khan y al presidente Nicolás Maduro.
En 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció la apertura de un examen preliminar a Venezuela, para determinar si existían pruebas y motivos suficientes que conllevaran a iniciar una investigación formal contra los presuntos responsables de supuestos crímenes de lesa humanidad, registrados en 2017, durante protestas antigubernamentales que dejaron centenares de muertos en medio de una férrea represión de los cuerpos de seguridad y grupos armados.
La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para investigar crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, establecidos en el Estatuto de Roma, que fue firmado por Venezuela en el año 2000.
Según el principio de complementariedad, la CPI abre investigación formal cuando los Estados no ejercen su competencia o no están en condiciones investigar y hacer justicia.
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Karin Khan, que cumple su segundo día de visita en Venezuela, entró en funciones como Fiscal jefe de la CPI en junio de 2021, en sustitución de Fatou Bensouda, quien antes de dejar el puesto alertó que existía una "base razonable" para creer que se cometieron crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de Nicolás Maduro y que el sistema de justicia venezolano no actúa para sancionar a los perpetradores.
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