CPI no investigará crímenes de guerra en Afgansitán

Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron la petición de la fiscal general de ese tribunal, Fatou Bensouda, de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que habrían sido cometidos en Afganistán desde 2003.

"Los jueces decidieron que una investigación sobre la situación en Afganistán en este momento no serviría a los intereses de la justicia", indicó en un comunicado la Corte con sede en La Haya.

Esta decisión se produce una semana después de que Estados Unidos anulara el visado de la fiscal Bensouda, debido a que la apertura de esta investigación incluiría los abusos cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán.

Lea aquí: EE.UU. retira la visa a la fiscal general de la Corte Penal Internacional

Estados Unidos, que no ha ratificado el tratado fundacional de la Corte, el Estatuto de Roma, anunció el mes pasado restricciones de visado para intentar impedir cualquier investigación del tribunal contra militares estadounidenses.

Bensouda anunció en noviembre de 2017 que iba a pedir a los jueces la autorización de abrir esta investigación, pero ya había abierto un examen preliminar en 2006.

Teniendo en cuenta las informaciones proporcionadas por la fiscal, los jueces concluyeron que existía "una base razonable que permite considerar que se habrían cometido crímenes en Afganistán que son de la competencia de la CPI".

En cambio, "la situación actual en Afganistán es tal que hace extremadamente difícil el éxito de una investigación y de un proceso judicial", afirmaron.

"En consecuencia, es poco probable que la continuación de una investigación conduzca al logro de los objetivos enumerados por las víctimas a favor de la investigación", decidieron los jueces.

Lea también: Los jóvenes caminantes colombianos en Europa y su pedido a la CPI

Los jueces, que han necesitado más de un año y cuatro meses para tomar la decisión, dijeron que "se cumplen todos los requisitos relevantes, tanto en lo que respecta a la jurisdicción como a la admisibilidad" del caso, pero que "las perspectivas de una investigación y un procesamiento exitosos son extremadamente limitadas".

Asímismo, los magistrados expusieron motivos económicos, pues explicaron en el auto judicial que "una investigación requeriría inevitablemente de una significante cantidad de recursos".

"En la previsible ausencia de recursos adicionales para el presupuesto de la corte, autorizar la investigación resultaría en que la Fiscalía tendría que reasignar sus recursos financieros y humanos", añadieron.