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En España se presentó un 'cortocircuito' entre el poder legislativo y el poder judicial, pues actualmente se tramita un proyecto que busca modificar el Código Penal con respecto a las facultades del Tribunal Constitucional

Este proceso requiere que luego de pasar por el Parlamento, sea la autoridad judicial la que dé luz verde a este proyecto así sea ratificado por los parlamentarios.

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial suspendió la deliberación e impuso medidas cautelares generando un atraso entre lo que decidirá el poder legislativo, por un problema que se presenta en el poder judicial. 

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En diálogo con RCN Radio, Inma Jiménez, doctora en derecho constitucional y profesora de la Universidad de Sevilla, explicó esta decisión se debe a que hace falta cumplir con la renovación del órgano de gobierno de los jueces, que corresponde a magistrados seleccionados por diferentes corporaciones. 

"Esa crisis es la que arrastra todo lo que estamos viviendo actualmente, como consecuencia que el órgano de gobierno de los jueces no se ha renovado y no ha cumplido con ninguna de su obligación. De esa renovación, estamos viviendo ese colapso que está afectando al Tribunal Constitucional", explicó Jiménez. 

La experta señaló que dicha renovación consistía en que las corporaciones asignadas postularan candidatos para conformar el total del órgano de gobierno de los jueces, pero señaló que este proceso  debía haberse completado a mediados de este año y aún no ha sido posible. 
 

Audio

(Audio) Inma Jiménez, doctora en derecho constitucional, sobre renovación de autoridades judiciales en España.

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"Lo que ha ocurrido es que procedía la renovación de los magistrados que corresponden a una tercera parte del tribunal constitucional, de los dos que corresponden al gobierno y de los dos que corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Esta renovación tenía que haberse producido por parte del gobierno, ya existían candidatos pero el Consejo General ahora mismo está colapsado y no se ha producido esa renovación", indicó la profesora de la Universidad de Sevilla. 

Inma Jiménez aseguró que este es un tema complejo, pues conlleva un atraso en el desarrollo de las políticas propuestas desde el parlamento, pero que tienen que pasar por la lupa del poder judicial. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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