Dos activistas fueron condenadas a muerte por defender a personas LGBTI en Irán

Dos activistas que defendían los derechos de las personas LGBT en Irán han sido condenadas a muerte, en un juicio sin transparencia y del que se desconocen los fundamentos de la sentencia, dijeron este miércoles expertos de la ONU en derechos humanos.

Las defensoras de los derechos humanos Zahra Sedighi-Hamadani y Elham Choubdar fueron procesadas el pasado agosto por la autoridades judiciales y el 1 de septiembre fueron informadas de que habían sido declaradas culpables de los delitos de "corrupción en la tierra" y tráfico de personas.

La veintena de expertos (especializados en los derechos de las mujeres, a no ser discriminado por la orientación sexual y que investigan casos de detenciones arbitrarias) pidió a las autoridades de Irán que no lleven a cabo las ejecuciones y que anulen las sentencias.

"Las autoridades deben garantizar la salud de ambas mujeres y liberarlas de su detención", señalaron los expertos.

El sistema legal iraní prohíbe explícitamente la homosexualidad y las relaciones entre personas del mismo sexo, y las transgresiones dan lugar a la pena capital.

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Según la información de fuentes fidedignas que han recibido los expertos de la ONU, los cargos en contra de Sedighi-Hamadani y Choubdar tenían que ver con sus acciones de lucha contra la discriminación que sufren lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en Irán.

El cargo de tráfico estaría directamente relacionado con la ayuda que las condenadas han prestado a personas en riesgo de ese colectivo para salir del país.

Tras su arresto, en octubre de 2021 Sedighi-Hamadani estuvo desaparecida 53 días y se ha determinado que sufrió maltratos e insultos discriminatorios en el centro de detención de Urumieh, donde estuvo de octubre a diciembre de ese año.

"Pedimos a Irán que no aplique más la pena de muerte o que, como mínimo, limite su aplicación a los crímenes más graves", instaron los expertos en un comunicado.

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Recordaron, además, que las autoridades de Irán tienen el deber de garantizar que todos los defensores de los derechos humanos, incluidos los que trabajan en temas muy sensibles como la orientación sexual y la identidad de género, no sean víctimas a su vez de persecución y venganza.