EE.UU. le apuesta a las deportaciones exprés de indocumentados
Serán deportados quienes hayan ingresado ilegalmente a EE.UU. en un período inferior a dos años, sin ir ante un juez.
Estados Unidos anunció este martes nuevas medidas de lucha contra la inmigración ilegal, que facilitan la deportación expedita de indocumentados.
El gobierno de Donald Trump dispuso que a partir de ahora los agentes migratorios pueden enviar de regreso a los inmigrantes que hayan ingresado ilegalmente a Estados Unidos en un período inferior a dos años, sin tener que remitirlos antes a un juez.
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Anteriormente, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sólo podían arrestar y deportar a un migrante si éste era detenido a menos de 160 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y había permanecido en el país menos de dos semanas. Los casos que no cumplieran con esos parámetros debían ser procesados en un tribunal de inmigración.
La nueva medida, que entró en vigor después de su publicación en el Registro Federal, busca "mejorar la seguridad nacional y la seguridad pública, así como reducir los costos del gobierno, facilitando las decisiones de inmigración rápida", dijo el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en un comunicado.
Esto "permitirá al DHS abordar de manera más efectiva y eficiente el gran volumen de extranjeros que están presentes ilegalmente en Estados Unidos", añadió.
La administración de Trump se ha dicho frustrada por el retraso en los tribunales de inmigración que a veces permite que los detenidos se integren en las comunidades antes de que se examine su caso.
Actualmente, hay cerca de un millón de casos pendientes, según TracImmigration, y el tiempo de espera promedio para una audiencia es de casi dos años.
La nueva regla podría acelerar las deportaciones de los aproximadamente 10,5 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, la mayoría latinoamericanos y casi dos tercios con permanencias en el país de más de 10 años, según el Centro de Investigación Pew.
Trump, quien hizo de la lucha contra la inmigración ilegal una de sus prioridades, lanzó el 14 de julio una gran operación con el objetivo de arrestar a unos 2.000 inmigrantes ilegales en una docena de ciudades.
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En respuesta a la medida, la directora ejecutiva del American Immigration Council, Beth Werlin, consideró que con la ampliación de la deportación acelerada se socava el principio fundamental de "imparcialidad" y se obliga a las personas, incluido cualquier ciudadano estadounidense, a demostrar que no debe ser deportado.
También Human Rights Watch advirtió que este plan de acelerar las deportaciones pasando por alto los tribunales de inmigración puede resultar "en un daño grave para los migrantes y sus familias".
AFP
