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El Gobierno de Ortega mantiene retenidos desde hace un año el papel, la tinta y otros materiales del medio.

El Nuevo Diario de Nicaragua, suspende circulación
AFP

Los periódicos nicaragüenses El Nuevo Diario, Metro y Maje, críticos con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, dejaron de circular a partir de este viernes debido a "dificultades económicas, técnicas y logísticas", en medio de la peor crisis que vive Nicaragua en las últimas tres décadas.

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Los tres periódicos, que pertenecen a la empresa Editorial Nuevo Amanecer y cuyo propietario es el grupo financiero Promerica, de capital nicaragüense, explicaron en un comunicado que decidieron detener sus publicaciones, en impreso y digital, porque las dificultades adversas que afrontan "hacen insostenible su funcionamiento".

El Gobierno de Ortega, a través de la Dirección General de Aduanas, mantiene retenidos desde hace un año el papel, tinta y otros materiales a Editorial Nuevo Amanecer, así como al Grupo Editorial La Prensa, que distribuye el diario La Prensa y Hoy.

Aduana empezó a bloquear las materias primas desde el 6 de septiembre de 2018, "sin ninguna justificación legal o administrativa", y el 8 de julio pasado entregó apenas un 20 % del papel retenido y una parte de otros insumos, según Editorial Nuevo Amanecer.

En el caso de El Nuevo Diario, fundado en 1980 y el de mayor circulación de los tres, indicó que "después de casi 40 años de estar informando sin interrupciones a la sociedad nicaragüense", suspende esa labor a partir de hoy debido a las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas que enfrenta.

"Estamos conscientes de la importancia de El Nuevo Diario como medio de comunicación clave en la cobertura periodística de varias etapas relevantes en la historia reciente de Nicaragua, desde su fundación en mayo de 1980 hasta hoy", señaló ese rotativo, que a finales de julio pasado cambió el formato del periódico de estándar a tabloide para sobrevivir un tiempo más.

La retención de materia prima hizo que El Nuevo Diario dejara de circular los fines de semana desde diciembre pasado y redujera a ocho su número de páginas.

Los otros medios que dejaron de circular son Metro, un periódico distribuido en Managua de forma gratuita desde hace seis años, y Maje, un sitio de perfil juvenil con más de dos años.

La retención de papel también hizo desaparecer de las calles al periódico popular Q'Hubo, que también pertenecía a Editorial Nuevo Amanecer; mientras La Prensa y Hoy han optado por reducir el número de sus páginas.

Desde septiembre de 2018 el Gobierno de Ortega mantenía retenido el 100 % de la materia prima de El Nuevo Diario y La Prensa, principales medios escritos independientes de Nicaragua.

Aduana no se ha referido a esa denuncia ni a dos resoluciones del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo de Nicaragua, en la que admite tres recursos de apelación presentadas por Editora Nuevo Amanecer en la que ordena la entrega de las materias primas retenidas.

El Gobierno ya se había comprometido a liberar las materias primas de medios de comunicación independientes en marzo pasado, en unos acuerdos firmados con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en el marco de las negociaciones para superar la crisis y que el mandatario dio por concluido de forma unilateral el 30 de julio pasado.

La política gubernamental hacia los medios de comunicación en Nicaragua también ha hecho desaparecer varios programas televisivos, un canal de televisión cuyas instalaciones permanecen ocupadas por la Policía Nacional, y al menos dos emisoras han sido saboteadas en repetidas ocasiones.

El asedio de la Policía y grupos oficialistas han llevado al exilio a por lo menos 90 periodistas, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que entre abril de 2018 y agosto de 2019 registró al menos 1.080 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinato, entre otros.

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Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Fuente

EFE

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