Estudiantes de Guatemala advierten que Cicig se irá "cuando el pueblo diga"

Un grupo de estudiantes de la estatal Universidad San Carlos advirtió este martes, ante la pugna que el Gobierno guatemalteco mantiene con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que este ente de la ONU se irá del país "cuando el pueblo diga".

"La Cicig se irá de Guatemala cuando el pueblo lo diga, no cuando los criminales quieran", publicó el bloque estudiantil USAC Es Pueblo en sus redes sociales después de conocerse que el Gobierno ha prohibido la entrada al país del jefe del ente, el abogado colombiano Iván Velásquez, de viaje en Estados Unidos.

Este colectivo, de la única universidad pública del país, dijo que "no hay peor cobardía que esconderse tras botas y fusiles para truncar los sueños de un país con tal de proteger su corrupción" e instó a la población a no dejarse confundir.

"No es por defender a un extranjero que manifestamos, sino por defender un proceso de verdad y justicia histórica que nadie antes había tenido la capacidad y el valor de llevar a cabo", proclamaron, e hicieron un llamado a la "conciencia y dignidad del pueblo".

A todos los sectores les piden "no dejarse someter por el ambiente de miedo y represión en el que un pequeño grupo" pretende instalar al país para "mantener su impunidad" y concluyen: "Este país está destinado a florecer porque nada pudo jamás contra la vida".

Jimmy Morales, quien la semana pasada anunció la decisión de no renovar el mandato de la Comisión -que vence en septiembre de 2019-, dio a conocer este martes que prohibió la entrada de Velásquez por considerarlo una amenaza para la seguridad nacional, la paz, la justicia, la gobernabilidad y el orden nacional.

La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.

Desde entonces, el presidente ha intentado, una y otra vez, minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.