Expresidenta Kirchner al banquillo por caso de política monetaria en Argentina

La expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) estará en el banquillo de los acusados por supuesto perjuicio al Estado en un polémico caso de operaciones cambiarias al final de su mandato, y que también toca a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

La fecha del juicio por el caso conocido como "dólar futuro" no está definida.

Junto a Kirchner, de 64 años, serán juzgados el exministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central de Argentina (BCRA) Alejandro Vanoli.

El juez federal Claudio Bonadio los acusa de haber causado daño financiero al Banco Central por sus medidas y política monetaria contra la devaluación en 2015.

Ya los había embargado por 15 millones de pesos (un millón de dólares) cada uno.

Al confirmarse su procesamiento en noviembre pasado, la exmandataria había desistido de apelarlo con la intención, dijo su abogado, de defenderse en un juicio oral y público.

"No hay que descartar que la expresidenta aproveche esta oportunidad del juicio para tener una plataforma de arenga política" en un año electoral, dijo  el sociólogo Ricardo Rouvier, de la consultora Rouvier y asociados, para quien la noticia del juicio no incidirá en la opinión pública.

De hecho Kirchner transformó su indagatoria en abril pasado en un multitudinario acto político frente a los tribunales de Buenos Aires, en lo que fue su primera aparición pública desde su salida del gobierno en diciembre de 2015.

Dólares en la mira 

Kirchner, Kicillof y Vanoli serán juzgados por el delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración estatal", según el fallo que dio por cerrada la instrucción, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Oros 12 acusados, exmiembros del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores, serán juzgados como presuntos partícipes necesarios de la supuesta maniobra.

La operación con dólares a futuro consiste en fijar un precio de la divisa a tres o cuatro meses, como inversión. Si el tipo de cambio baja, el Banco Central gana dinero, pero si se devalúa, la institución pierde.

Una de las primeras medidas del presidente Mauricio Macri tras asumir el 10 de diciembre de 2015 fue liberar el tipo de cambio y la devaluación llegó a 32%.

En su defensa, la expresidenta afirmó que quienes compraron los dólares a futuro fueron empresarios, algunos de los cuales luego se sumaron al gobierno de Macri, y todos ellos fueron autorizados por el juez Bonadío a cobrar esos futuros.

Ping pong judicial

Según el analista Rouvier, éste es "un caso judicial que puede politizarse en un año electoral", teniendo en cuenta que entre los implicados hay funcionarios del gobierno de Macri.

En octubre se celebran los comicios legislativos de mitad de mandato.

Una investigación paralela a cargo del juez Sergio Torres apunta contra Macri, su exministro de Economía Alfonso Prat-Gay y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tras una denuncia de diputados kirchneristas.

Los denunciantes acusan a Bonadio y Sturzenegger de autorizar y pagar los contratos de dólar a futuro con los precios posteriores a la devaluación, beneficiando a funcionarios y empresarios cercanos al gobierno.

Por esta causa, el fiscal Jorge Di Lello citó a declaración testimonial a varios funcionarios, entre ellos Prat Gay y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana.

En su fallo de noviembre pasado que ratificó el procesamiento de Kirchner, la Cámara Federal había advertido: "Si hay algo en lo que están de acuerdo ambas posiciones (denunciantes e imputados que apelaron) es que aquí hubo un fraude descomunal al patrimonio público, y la disidencia afinca en quién tiene la culpa, que se atribuyen recíprocamente".

Tras conocerse la noticia del juicio, Kirchner se limitó a tuitear notas periodísticas sobre la multitudinaria marcha docente de protesta contra Macri del miércoles, sin aludir a la proceso.

La expresidenta, que se dice "víctima de una persecución judicial", está procesada en otras dos causas por presunta corrupción en negocios inmobiliarios y por el supuesto "direccionamiento" de obras públicas.

Por: AFP