Fiscalía se querella por 9N contra líder catalán, que pide diálogo a Rajoy

La respuesta a la petición de Mas la dio la vicepresidenta del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, quien aseguró que el 9N fue un "fracaso" de las autoridades catalanas y acusó al Gabinete regional de "saltarse la ley con la excusa de la política".

El pasado domingo unos 2,2 millones de personas votaron en un proceso de participación planteado por los nacionalistas catalanes como vía para expresar su deseo de poder decidir acerca de la soberanía del territorio, que cuenta con 7,5 millones de habitantes.

El Ejecutivo español considera ilegal esa iniciativa y por ello recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) tanto la consulta oficial que el Gabinete catalán convocó inicialmente como el proceso de participación popular que finalmente se llevó a cabo.

El TC suspendió ambas iniciativas y en los próximos meses decidirá sobre su legalidad o no.

Mientras tanto la fiscalía decidió presentar una querella, que se hará efectiva mañana contra Mas y, al menos, dos integrantes de su Gobierno: la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, aunque se podría dirigir también contra el titular de la consejería vinculada con la confección de las papeletas del 9N, elaboradas por presos de las cárceles.

Entre los delitos que la Fiscalía estudia atribuir a Mas y a los consejeros implicados figura el de malversación de caudales públicos, debido a los gastos que ha supuesto la celebración del proceso participativo y sus preparativos.

El ministerio público cree que los querellados podrían haber incurrido además en un delito de desobediencia, por haber asumido el liderazgo de la consulta pese a que había sido suspendida por el Constitucional, así como de prevaricación.

Poco antes de conocer esa noticia el propio Mas se había pronunciado sobre la hipótesis de la querella y dijo estar "muy tranquilo" y "sin miedo" porque están convencidos de que no han hecho nada ilegal.

En una rueda de prensa, Artur Mas informó de que ha remitido una carta al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, en la que le propone un "diálogo permanente" cuyo objetivo sea acordar una consulta definitiva y oficial de tipo soberanista en ese territorio.

Según Mas, los nacionalistas tienen ahora "más razones" para pedir ese diálogo tras el resultado del proceso participativo del domingo, ya que "no se puede negar la evidencia ni se debe ignorar la realidad".

Mas planteó a Rajoy que la situación actual en Cataluña requiere "más política y menos tribunales" e hizo hincapié en que los recursos del Gobierno a los juzgados "no nos intimidarán".

Horas más tarde el Senado acogió un pleno de control al Gobierno en el que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el 9N fue un "fracaso" del Ejecutivo catalán, al que acusó de "saltarse la ley con la excusa de la política".

A preguntas de un senador nacionalista catalán, Sáenz de Santamaría afirmó que desde hace tiempo Artur Mas está sometiendo a los ciudadanos catalanes a la tensión y a la inestabilidad.

La vicepresidenta aprovechó para expresar a los nacionalistas que si lo que desean es la independencia de Cataluña, "difícilmente" habrá un acuerdo, "porque ni este Gobierno ni este partido (en alusión al PP) va a prestar sus votos para un acuerdo de secesión".

Ante las quejas de los nacionalistas de que el Estado no contribuye a mejorar la situación económica de Cataluña intervino el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, para quien el Gobierno central siempre actuó "con lealtad" ante el catalán y dio recursos para "salir de la crisis" y financiar los servicios públicos que reciben los ciudadanos de la región.