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El Ejecutivo negó la posibilidad de que los restos fueran trasladados a la catedral en Madrid. 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez
AFP

El Gobierno español aprobó la orden para exhumar al dictador Francisco Franco de su actual lugar de enterramiento, el monumento del Valle de los Caídos, con una fórmula para superar la oposición de la familia.

Los familiares vivos de Franco, un total de siete nietos, tendrán quince días para decidir el lugar en donde vuelven a inhumarse los restos de su abuelo, que falleció en 1975 después de 40 años de dictadura.

Sin embargo, no podrá ser en la catedral de la Almudena de Madrid (junto al Palacio Real y en pleno centro de Madrid), que fue el lugar propuesto por los nietos, pues el Ejecutivo quiere evitar posibles problemas de orden público y que el general Franco reciba homenajes, según el Ejecutivo socialista.

"En la catedral de la Almudena no puede ser", afirmó tajante la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en rueda de prensa.

En caso de que los familiares se opusieran al traslado o no haya acuerdo entre ellos y las autoridades, el Gobierno "se reserva (elegir) el lugar donde deben ser enterrados los restos de Franco", explicó Delgado.

La exhumación de los restos de Franco es una de las promesas estrella del Gobierno encabezado por el socialista Pedro Sánchez, que llegó al poder en junio del año pasado, aunque este objetivo se topó con algunos obstáculos administrativos que han retrasado el proyecto varios meses.

Además, los nietos del general plantearon la posibilidad de volver a enterrarlo en la catedral de Madrid, en cuya cripta están sepultados la hija y el yerno de Franco.

Franco (1892-1975), líder del bando vencedor de la Guerra Civil (1936-1939), fue enterrado tras su muerte en 1975 en la basílica del Valle de los Caídos, construido a instancias del dictador.

El monumento, situado en una zona montañosa a 50 kilómetros al norte de Madrid, alberga también los restos de varias decenas de miles de fallecidos de ambos bandos del conflicto y recibe cada año la visita de miles de turistas.

Una posibilidad que se ha barajado es que Franco sea enterrado junto a su esposa en el cementerio del barrio madrileño de El Pardo, separado varios kilómetros de la capital y en el que está el palacio en el que el dictador vivió durante su estancia en el poder.

La decisión de exhumar a Franco, tras varios meses de trámites administrativos, "nos marcará a todos como españoles" hacia "la reconciliación con nosotros mismos", afirmó la ministra del Gobierno socialista tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Delgado recalcó que este procedimiento "histórico" está siendo "absolutamente escrupuloso" con la legalidad y eludió entrar en valorar posibles recursos ante el Tribunal Supremo.

Tras conocerse la decisión del Gobierno, la Fundación Francisco Franco anunció que presentará un recurso ante el Alto Tribunal al acuerdo definitivo de exhumación, que consideran el colofón de un proceso plagado de "ilegalidades y arbitrariedades".

En un comunicado, la Fundación indica que lo hará para paralizar las "ilegalidades" que denunciaron y aseguró que espera que "los magistrados, sometidos únicamente al imperio de la ley y en defensa de los derechos humanos y fundamentales", lo impidan.

El Tribunal Supremo ya rechazó en diciembre pasado de forma provisional el bloqueo de la exhumación, como pedía la familia, aunque reconoció que, si los descendientes de Franco recurrían la decisión final, el traslado de los restos no podría realizarse sin la autorización de sus jueces.

Otra posibilidad es que el prior de la abadía benedictina del monumento, un excandidato ultraderechista durante su anterior vida seglar, pueda oponerse al acceso de los funcionarios al templo donde está enterrado Franco.

En ese caso, el Gobierno -que ha mantenido contactos con el Vaticano sobre este aspecto- adoptará las medidas legales necesarias para acceder al templo, a fin de que no quede "excluida" la competencia de "la autoridad civil", aseguró la ministra de Justicia.

Cuando el Gobierno anunció el procedimiento legal, en agosto del año pasado, la vicepresidenta, Carmen Calvo, argumentó que "es inasumible" para una democracia mantener a un dictador en una "tumba de Estado" junto a sus víctimas.

Sánchez adelantó las elecciones generales al 28 de abril próximo después de gobernar desde el 1 de junio de 2018, cuando ganó una moción de censura presentada contra el conservador Mariano Rajoy. 

Fuente

EFE

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