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También dice que los venezolanos son las nuevas víctimas de la violencia en esa región del país.

Catatumbo
Históricamente, en El Catatumbo han hecho presencia los paramilitares, bandas de narcotraficantes, contrabandistas.
Foto: Colprensa

La ONG Human Rights Watch (HRW) publicó este jueves un informe con el que alerta del aumento de la violencia, los asesinatos y desplazamientos en la región del Catatumbo, como resultado de la pugna entre grupos ilegales por controlar las zonas anteriormente dominadas por las Farc.

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Estos grupos serían principalmente el ELN, el EPL, y en menor medida exmiembros de las Farc, que según HRW, formaron un nuevo grupo armado.

Según HRW, desde 2015, año en que las Farc acordaron el cese al fuego unilateral como parte de las negociaciones de paz, los homicidios en esta región han pasado de 112 a 231 en 2018.

“Con 231 personas asesinadas en 2018, la tasa anual fue de casi 79 por cada 100.000 habitantes, aproximadamente tres veces la tasa nacional (…)Datos preliminares indican que hubo 114 personas asesinadas de enero a junio de 2019”.

Cifras oficiales indican que “más de 40.000 personas han sido desplazadas de sus hogares en el Catatumbo desde 2017, la mayoría durante 2018”, causadas en su mayoría por enfrentamientos entre el ELN y el EPL principalmente.

Estos mismos grupos ilegales, han cometido violaciones sexuales. “Entre enero de 2017 y mayo de 2019, 37 personas fueron víctimas de “delitos contra la integridad sexual” vinculados con el conflicto armado, según la Unidad de Víctimas de Colombia.”.

Pero el informe pone en el escenario un nuevo grupo de víctimas de esta violencia. Serían unos 25.000 venezolanos que huyeron de la crisis en su país y ahora en el Catatumbo “están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia”, señala el informe.

“Varios venezolanos han sido víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos venezolanos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual”. 

Asimismo, se muestra preocupación por el desconocimiento de estos migrantes en los procedimientos para reportar los abusos a las autoridades o el temor que tienen en ser deportados si denuncian los hechos. Esto, teniendo en cuenta que muchos llegan al Catatumbo por las llamadas “trochas”, controladas en su mayoría por grupos ilegales. 

“La respuesta de las autoridades colombianas a la situación en el Catatumbo no cumple con las obligaciones internacionales de proteger y reivindicar los derechos de los civiles que son víctimas del conflicto entre grupos armados o sufren graves abusos por parte de estos”.

HRW alerta también el uso de minas antipersonales en zonas rurales del Catatumbo.

 

Cuatro personas murieron y 65 resultaron heridas por minas antipersonales en el Catatumbo desde 2017, aunque no se sabe con certeza cuántos de estos incidentes fueron causados por minas plantadas recientemente o por otras que quedaron de períodos anteriores del conflicto.

Pero también se señala que la fuerza pública ha retirado “al menos 92 dispositivos explosivos y destruyó al menos 55 minas terrestres entre octubre de 2018 y abril de 2019”.

Sin embargo, las actividades de desminado en la zona son limitadas debido a los riesgos de seguridad ocasionados por la escalada en el conflicto armado. 

Respecto al reclutamiento infantil, se dice que “entre 2017 y 2018 grupos armados reclutaron a un total de 14 menores de edad en el Catatumbo”. Hasta abril de 2019, con cifras de la fiscalía dadas a HRW, estaban abiertos 17 procesos sobre reclutamiento de menores ocurridos allí mismo desde 2017.

Y ante las alarmantes cifras, la ONG hizo énfasis en la falta de justicia, pues de 770 procesos por homicidios en el Catatumbo, que asegura tenía abiertos la Fiscalía General  para abril de 2019, “sólo se habían dictado condenas en 61 casos.

Y según información de la fiscalía, apenas dos miembros de grupos armados habían sido condenados por homicidio”. En cambio, ninguna condena en caso de reclutamiento infantil, desplazamiento o amenazas.

En términos generales, HRW rechaza la falta de respuesta de todas las autoridades y la insuficiencia para dar protección a la comunidad.

Además, no deja de lado la denuncia de líderes de derechos humanos y actores humanitarios que “indican que soldados del Ejército colombiano han actuado de manera abusiva, sobre todo después de que se enviara a Catatumbo una fuerza de “despliegue rápido” en octubre de 2018”.

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Tras evaluar la problemática, la organización sugiere al gobierno colombiano proteger a los líderes sociales y a las comunidades en el Catatumbo; garantizar el acceso a la educación de menores, incluyendo los venezolanos; diseñar un plan para el desminado; buscar asistencia humanitaria internacional para el Catatumbo, entre otras cosas.

Respecto a los venezolanos, se pide que se determine la cantidad ubicada en esta región y, entre otras cosas, darles el estatus legal en Colombia para que trabajen bajo la ley y evitar así que sean presa de los grupos ilegales.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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