La justicia pide tramitar la extradición del expresidente de la Generalitat de Cataluña por los delitos de rebelión y malversación de fondos

Carles Puigdemont.
Carles Puigdemont.
AFP

La fiscalía alemana pidió la extradición a España del expresidente independentista catalán Carles Puigdemont, detenido en Alemania desde el 25 de marzo, un pedido sobre el cual debe pronunciarse en los próximos días un tribunal regional.

El fiscal general del estado de Schleswig-Holstein, competente en este caso, reconoció la validez en el derecho alemán de los cargos que la justicia española imputa a Puigdemont —"rebelión" y "malversación"— y pidió su extradición, según un comunicado. 

A la espera de la decisión final, la fiscalía pidió que Puigdemont permanezca detenido.

El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, minimizó la petición de extradición y dijo que "lo que hubiera sido noticiable y excpecional hubiera sido lo contrario".

"Ahora serán los tribunales los que tendrán que decir. Ahora empieza el proceso de extradición", dijo en declaraciones a la radio catalana RAC1.

Tras la "evaluación detallada de la orden de detención europea" emitida por la justicia española el 23 de marzo, la fiscalía estimó que la demanda era "admisible" y justifica mantener detenido a Puigdemont porque existe "riesgo de fuga".

El expresidente catalán, destituido el 27 de octubre por el gobierno español tras un intento fallido de secesión, fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania cuando volvía en coche desde Finlandia a Bélgica, donde reside desde que salió de España.

Desde entonces está detenido en la prisión de la ciudad de Neumünster, en el norte de Alemania.

La decisión final de extraditarlo está ahora en manos del tribunal superior de justicia regional del estado de Schleswig-Holstein, situado en la ciudad de  Schleswig,  que tiene 60 días par pronunciarse.

Este tribunal indicó que examinará si existen motivo para el encarcelamiento de Puigdemont y si la petición de extradición es admisible.

En su comunicado, la fiscalía explicó que los dos principales cargos imputados por la justicia española tienen equivalente en el derecho alemán.

Puigdemont está acusado de "malversación" por haber organizado un referéndum declarado ilegal por la justicia española, y también de "rebelión".

Aunque el delito de rebelión no existe específicamente en la legislación alemana, la fiscalía considera que es parecido al de "alta traición", inscrito en el código penal, y que es suficiente para justificar la extradición.

Según la fiscalía el delito de rebelión "contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos", con lo que es equiparable al de alta traición.

"Legalmente no es exigible una coincidencia literal de los códigos penales alemán y español", indica el comunicado.

El lunes Puigdemont había recurrido su procesamiento, asegurando que no se justifica la acusación de rebelión porque este delito comporta la noción de alzamiento violento.

Según el recurso, si hubo violencia antes o durante el referéndum del 1 de octubre fue puntual y exclusivamente atribuible a "quienes llevasen a cabo dichas conductas".

Aparte de Puigdemont, otros nueve destacados independentistas, entre ellos seis integrantes de su antiguo ejecutivo, están en prisión preventiva en España en el marco de la misma causa.

Puigdemont se había instalado en la capital belga días después de la infructuosa declaración unilateral de independencia formulada en el Parlamento regional catalán el 27 de octubre. Horas después de ésta, fue cesado con todo su gobierno por el ejecutivo central de Rajoy, que para ello se amparó en el artículo 155 de la Constitución española.

Cataluña se encuentra sin presidente desde que el anterior gobierno regional de Puigdemont fue cesado en su totalidad por el ejecutivo central el 27 de octubre, horas después de que el Parlamento catalán proclamara unilateralmente la independencia.

En las elecciones regionales del 21 de diciembre los separatistas renovaron su mayoría de escaños en la cámara (70 diputados de 135), pero desde entonces, sus desacuerdos y la acción de la justicia han impedido la investidura de un candidato.

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