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El bloque instó al Gobierno a que siga garantizando la "protección efectiva" de los líderes sociales, con especial atención en la comunidad.

Asesinato de líderes sociales
Según el partido 'Colombia Humana', a 200 asciende el número de asesinatos desde la firma de la paz.
Foto: Archivo Colprensa

La Unión Europea (UE), junto con Noruega y Suiza, expresaron su preocupación por los ataques y asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, informó el bloque comunitario.

"En este momento resulta esencial que los defensores de derechos humanos puedan hacer oír su voz y que se garantice el derecho a la participación política", aseguró la UE en un comunicado.

Según datos preliminares de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, citados en la información, los ataques contra defensores de derechos humanos en Colombia aumentaron en un 30 % el año pasado.

Para la ONG Programa Somos Defensores, al menos 106 líderes sociales o defensores de derechos humanos fueron asesinados en 2017, cifra que supone un aumento del 32,5 % en comparación con 2016.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo registró entre enero de 2016 y el 27 de febrero de este año un total 282 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.

En 2016, la entidad aseguró que 134 líderes y defensores perdieron la vida, mientras que el año pasado se registraron 126 víctimas y durante este año se contabilizan 22 homicidios.

Por ello, la Unión Europea instó al Gobierno a que siga garantizando la "protección efectiva" de los líderes sociales, con "especial atención a la protección colectiva y comunitaria".

"La lucha contra la impunidad unida a la investigación rigurosa y contextual son elementos fundamentales para acabar con los ataques a líderes sociales y defensores de derechos humanos", agregó la información.

Asimismo, el bloque comunitario valoró el trabajo de los líderes sociales como el centro de su estrategia de derechos humanos en el país, por lo que ofreció su colaboración a organizaciones sociales, instituciones públicas y defensores.

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