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La exparlamentaria colombiana Lucero Cortés denunció hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la falta de segunda instancia para aforados en Colombia, un derecho al que, asegura, no pudieron acceder unas 280 personas condenadas en la última década en el país.

"Estamos a punto de firmar una paz de perdón y olvido con las Farc, los guerrilleros van a poder presentarse para cargos electos, mientras que muchas personas como yo, que ya han pagado sus condenas, no podemos volver a aspirar a un cargo electo", explicó Cortés en Washington.

Cortés, representante en la Cámara entre 2006 y 2011 por el Partido de la U, acaba de cumplir una condena de cinco años de prisión domiciliaria por tráfico de influencias, un delito del que ella insiste en su inocencia.

La exparlamentaria, que trabajaba en comunicación antes de entrar en la política, presentó hoy ante la CIDH una demanda contra Colombia por la falta de segunda instancia para los aforados con el objetivo de que se reforme este punto en la Constitución colombiana.

Cortés pidió también medidas cautelares para poder volver a presentarse a un cargo electo, algo que le gustaría hacer de cara a las elecciones legislativas de 2018.

"Cuando se firme la paz, los exguerrilleros sobre los que pesan duras condenas por homicidios y violaciones van a poder ser congresistas, mientras que muchas personas inocentes como Cortés no van a poder volver nunca a la política", dijo el abogado Víctor Mosquera, que representa al Centro Democrático a nivel internacional.

Según el abogado que acompaña a Cortés en este caso, la mayoría de las 280 personas a las que se les negó la segunda instancia en Colombia en la última década por su condición de aforados enfrentaban delitos de corrupción que, asegura, en algunos casos respondían a venganzas personales o represalias políticas.

"Hemos visto a la CIDH muy receptiva con este caso y esperamos que se le dé prioridad al tratarse de una vulneración de los derechos humanos", sostuvo Mosquera.

El derecho a "recurrir el fallo ante un tribunal o juez superior" está previsto en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

EFE