Más de 30 ONG protestan por posible traslado de "Falsos Positivos" a Tribunal de Paz

Según señalaron 33 organizaciones colombianas e internacionales de derechos humanos, la decisión de un juez de Bogotá en un "emblemático caso de homicidios y desapariciones forzadas" en el municipio de Soacha, suspendió el proceso penal en el caso y con ello "sentó un precedente preocupante".

Según un comunicado firmado por Human Rights Watch y otras 32 ONG, las autoridades que tienen competencia para  revocar la decisión, "deben tener en cuenta el grave daño que, de no ser revocada, esta decisión les hará a las posibilidades de que rindan cuentas los responsables de graves violaciones de derechos humanos".

[imagewp:182274] Foto: RCN Radio

El pasado 28 de marzo un juzgado penal de Garantías de Bogotá se negó a realizar una audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de 12 miembros del Ejército, incluido el coronel Gabriel de Jesús Amado Rincón, por los homicidios y desapariciones forzadas de dos jóvenes y un menor de edad que ocurrieron en 2008.

En ese momento, recuerdan las organizaciones, el juez argumentó que la futura Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tendría competencia para conocer el caso. Por eso las ONG alertan que "no existe ninguna disposición en el Acuerdo de Paz o en la legislación vigente en Colombia que permita suspender procesos penales contra miembros de la Fuerza Pública presuntamente responsables de atrocidades".

[imagewp:14696] Foto referencial RCN La Radio

"La decisión sienta un precedente preocupante que podría tener como resultado que Colombia viole su obligación de investigar y sancionar sin demoras indebidas las graves violaciones a los derechos humanos", señalaron los grupos de derechos humanos.

Agregan que "resulta insólito que el juzgado haya pretendido trasladar la competencia a una jurisdicción que no se encuentra en funcionamiento, lo cual en la práctica supone una suspensión por un plazo indeterminado del proceso penal en contra de los presuntos responsables de estos atroces crímenes".

Las siguientes organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la decisión:

Análisis Urbano

Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (ASFADDES)

Asociación de Vivienda EMECE

Asociación Minga

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria

Asociación Shipia Wayuu

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Comité de Solidaridad de Presos Políticos

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)

Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ)

Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Corporación Jurídica Humanidad Vigente

Corporación Jurídica Libertad

Corporación Jurídica Yira Castro

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES)

Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos “Cagúan Vive”

Derechos Humanos Colombia

Equipo Nizkor

EQUITAS

Fundación Nydia Erika Bautista

Fundación Paz y Reconciliación (PARES)

Hijas e hijos por la Identidad, la Justicia, contra el olvido y el silencio

Hijos e hijas por la Memoria y contra la Impunidad

Human Rights Watch

Madres de Soacha

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)

Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia (OBSURDH)

Organización de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales del Eje Cafetero “Voces Unidas exigiendo justicia”

Semillas de Memoria

Sisma Mujer

 

Por: RCN Radio