Nicaragua ofrece arresto domiciliario a 636 presos por Semana Santa
Esta modalidad permite a los prisioneros con penas menores, concluir su condena de arresto en sus casas.
El gobierno de Nicaragua anunció que 636 reos comunes saldrán de prisión y pasarán a arresto domiciliario con motivo de la Semana Santa.
"En ocasión de Semana Santa, y promoviendo la unidad familiar, 636 personas presas recluidas en los distintos establecimientos penitenciarios (...) serán beneficiadas con el régimen de convivencia en familia", indicó el Ministerio de Gobernación en un comunicado.
Esta modalidad permite a los prisioneros con penas menores concluir su condena de arresto en sus casas.
Los prisioneros, que estaban recluidos en ocho cárceles del país, serían entregados a sus familiares con actividades recreativas y cultos religiosos, indicó la nota.
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El gobierno realizó otras dos excarcelaciones de reos comunes en diciembre y febrero, que beneficiaron a 2.908 personas.
Se desconoce si entre los beneficiarios hay personas detenidas en el contexto de las protestas antigubernamentales, cuya liberación es demandada por familiares y organismos de derechos humanos.
La oposición calcula que unas 800 personas están detenidas por participar en las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, mientras que las autoridades reconocen 350.
Las autoridades han excarcelado a unos 200 presos políticos desde el 27 de febrero, cuando el gobierno retomó negociaciones con la oposición. Esas personas están ahora en casa por cárcel.
El gobierno se comprometió a liberar a todos los opositores presos, pero por el momento no lo ha cumplido.
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Entre tanto, la ONU indicó que más de 60.000 personas se fueron de Nicaragua en el último año por la crisis y la mayoría, unos 55.000, ingresaron en la vecina Costa Rica.
Organismos de derechos humanos calculan que entre 50.000 y 80.000 personas huyeron de Nicaragua bajo amenazas, persecución y desempleo, en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas el 18 de abril de 2018.
La represión a las manifestaciones por el gobierno del presidente Daniel Ortega hundió al país en una grave crisis política y económica que persiste un año después. Más de 325 personas murieron.
El lunes, el gobierno de Ortega anunció un polémico plan para el "retorno voluntario asistido" de personas que salieron del país".
La iniciativa fue recibida con desconfianza por opositores, que advirtieron de la falta de garantías para quienes acepten regresar al país después de sufrir persecución.
AFP
