Nicaragua sigue en estado de excepción tras un año de rebelión contra Ortega
La "insurrección cívica" fue recordada en el primer aniversario del suceso que desató un conflicto en el que han muerto más de 300 personas.
"Hoy Nicaragua cumple un año de una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos, a causa de la política de represión del régimen Ortega-Murillo, asesinando, usando la fuerza excesiva, deteniendo arbitrariamente y amenazando a defensores y periodistas", señaló el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
La insurrección, que sorprendió incluso a quienes ya la esperaban, significó para muchos el "despertar" de una sociedad que parecía aceptar todas las órdenes del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tras 12 años de Gobierno, según los opositores.
"Hace un año Nicaragua abrió los ojos. Hoy recordamos cómo el acto de violencia, represión y violación de derechos humanos más grande de los últimos años, nos arrebató a cientos de nicaragüenses que luchaban por un país justo y democrático. Por eso tenemos prohibido olvidar", indicó la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
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A los recuerdos se sumó el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien dijo que "hace un año sucedió un inesperado despertar de conciencias. Este despertar de conciencias, principalmente en los jóvenes, hizo que una sociedad protestara cívicamente en la búsqueda de justicia y democracia".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos delegados vivieron una parte de la etapa más sangrienta de la crisis, que se extendió hasta julio pasado, también tuvo palabras para la efeméride.
"Desde el 18 de abril de 2018, las protestas en Nicaragua fueron violentamente reprimidas por el Estado. Más de trescientas familias perdieron a sus seres queridos. La CIDH documentó la persistencia de represión hasta hoy", resaltó el organismo.
En un año de conflicto la CIDH ha registrado 325 muertos. Organismos humanitarios locales reportan hasta 568 y el gobierno de Ortega reconoce 199.
La CIDH, que ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de crímenes de "lesa humanidad", advirtió hoy que Nicaragua vive en un estado de excepción "de facto" a un año del estallido de las protestas porque prevalece el abuso de la fuerza, el encarcelamiento de voces disidentes y la censura a los medios de comunicación.
Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, recordó lo ocurrido desde que el 18 de abril de 2018 unas protestas contra unas reformas de la Seguridad Social se tornaran en una rebelión.
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"La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo grave, se mantiene un estado de excepción de facto, se mantiene la negación del derecho a la manifestación. No hay espacio en Nicaragua para disentir libremente sin riesgo a ser detenido o sin riesgo a ser objeto del uso de la fuerza pública o actos de amenaza, asedio y hostigamiento", dijo Urrejola.
Desde que comenzó la crisis, la CIDH ha documentado ataques, entre otros, a La Prensa, El Confidencial, Radio Darío, Radio Mi Voz, Canal 12 y 100% Noticias, cuya jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, y director, Miguel Mora, fueron arrestados en diciembre y acusados de "conspiración para cometer actos terroristas".
Pero pensando en lo qué ha mejorado en este año, Urrejola mencionó la excarcelación de 248 manifestantes opositores en el contexto del diálogo que comenzó el 27 de febrero entre el gobierno de Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, un proceso suspendido desde el 3 de abril. No obstante, mostró preocupación por "la falta de transparencia de esas excarcelaciones y el hecho de que las personas no son completamente liberadas", pues pasan de estar en prisión a un régimen de arresto domiciliario o similares.
De acuerdo con cifras que la sociedad civil nicaragüense entregó a la Comisión, unos 800 manifestantes han sido detenidos y enjuiciados, de los cuales, al menos 500 continúan privados de libertad a un año de las protestas.
Además, la comisionada destacó que la CIDH ha recibido denuncias sobre agresiones a las personas privadas de libertad: desde prohibiciones de visitas hasta falta de atención médica pasando por su internamiento "por periodos indeterminados" en calabozos de castigo, como "El Infiernillo", conocido por su altas temperaturas.
EFE
