Nicaragua, sumida en una ola de violencia, entierra a víctimas de protestas

Nicaragua, sacudida por violentos choques en las protestas que ya dejan más de un centenar de muertos, ve alejarse la posibilidad de un diálogo mientras entierra este viernes a los 16 muertos de los últimos dos días.

"Señor dame paz en mi corazón (...) yo nunca me esperaba esto", lloraba desconsolada Yadira Córdoba, aferrada al ataúd de su hijo Orlando Córdoba, en momentos que salía el sepelio hacia el cementerio en Managua acompañado de centenares de amigos.

Córdoba, de 14 años, estudiante de primaria, fue alcanzado por una bala en el sector de la Universidad Centroamericana (UCA) cuando participaba el miércoles en una marcha de solidaridad con la madre de muertos en las protestas antigubernamentales.

El cuerpo del joven abatido fue cubierto por una pañoleta azul y blanca donde se leía: "patria libre" y le fue depositada una playera con la que jugaba al fútbol, firmada por sus compañeros de equipo y de estudio.

El dolor también tocó a la familia del exguerrillero y policía, Armando Reyes, cuyo hijo Francisco, de 34 años, murió de un disparo en la cabeza cuando participaba en la marcha del miércoles, y fue sepultado en Managua.

"Estoy muy dolida, nunca jamás me imaginé que me iban a quitar la vida a mi hijo, lo asesinaron a mansalva, son unos genocidas, asesinos", dijo lloran su mamá Guillermina Zapata, de 63 años. 

"No es un perro el que murió", reprochó por su lado el oficial Reyes, quien pidió la baja a la policía.

Escenas de dolor y consternación se repiten en otras 14 familias que perdieron a sus familiares, en lo que la Alianza Cívica, que agrupa a opositores, han calificado como la "peor masacre" desde que estalló la ola de protestas el 18 de abril.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que contabilizó 16 muertos el miércoles, señaló que "los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque" que responden al presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Nicaragua protección para el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, uno de los más críticos al gobierno y miembro de la comisión de mediación en el diálogo entre el gobierno y la oposición.

Decenas de miles de nicaragüenses que participaron en la noche del miércoles en marchas en varias ciudades, en apoyo a las madres que han perdido a sus hijos en las protestas, fueron emboscados por francotiradores, mientras hombres armados trataban de disolverlos a balazos en tierra.

La matanza motivó una enérgica respuesta internacional.

Un grupo de 21 exgobernantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) urgieron el viernes a la OEA y al Grupo de Lima tomar "medidas de urgencia" ante los "graves atentados" contra la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.

"La realidad antidemocrática de la que son víctimas los nicaragüenses se sostiene y agrava", señalaron los expresidentes, entre los que se incluyen al colombiano Andrés Pastrana, el mexicano Felipe Calderón y el español Felipe González.

Pero el gobierno nicaragüense negó su responsabilidad en los hechos.

"No existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno, por lo que no podemos aceptar que se nos pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos", señaló en tanto un comunicado del gobierno de Ortega.

Diálogo lejano 

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció el jueves que no reanudará el diálogo con el que se busca una salida a la crisis mientras "el pueblo siga siendo reprimido y asesinado" en las calles.

"Hemos vivido con profundo dolor los acontecimientos violentos perpetrados" el miércoles "por grupos armados afines al gobierno contra la población civil", repudió el CEN.

Las negociaciones, que se iniciaron el 16 de mayo con la mediación episcopal en un clima de tensión, fueron suspendidas tras apenas cuatro sesiones debido a la falta de una agenda consensuada: mientras los representantes de la sociedad querían discutir un adelanto de las elecciones y la democratización del país, el gobierno, que exigía el fin de las protestas, denunció una conspiración para "un golpe de Estado".

En medio de los cuestionamientos por la represión, Ortega responsabilizó a grupos de oposición con "agendas políticas específicas" de querer "aterrorizar" a la población.

Durante los incidentes resultaron quemadas instalaciones de la emisora oficialista Radio Ya y una cooperativa de crédito rural. La fachada del estadio nacional de béisbol, en tanto, quedó destruida.

También fueron atacados dos medios de comunicación.

Ortega rechazó los llamados de sus adversarios a dejar el poder, declarando el miércoles durante una marcha oficialista que "Nicaragua no es propiedad privada de nadie".

"Aquí nos quedamos todos", espetó Ortega el miércoles al rechazar el llamado de empresarios, estudiantes y sociedad civil para que deje el poder.