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El Consejo Noruego para Refugiados advirtió este jueves que la "paz sigue siendo esquiva" para las 58.000 personas que han estado confinadas en Colombia entre enero y septiembre pasado y por ello pidió a los grupos armados a poner fin a este tipo de estrategias.

"Imagine la angustia de enfrentarse a amenazas constantes de hombres armados que lo encierran en su casa o en su territorio, soportando este calvario día tras día, año tras año", afirmó el director del NRC en Colombia, Giovanni Rizzo.

"Las restricciones impuestas a la libertad de movimiento de los civiles violan claramente el Derecho Internacional Humanitario, que todas las partes involucradas en el conflicto en Colombia deben respetar", agregó.

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Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), citadas por el NRC, 58.000 personas estaban confinadas en Colombia en septiembre de 2023.

Colombia, señaló esta ONG, es la tercera crisis más desatendida del mundo y sigue estando entre los cinco países con mayor número de desplazados internos del mundo, de acuerdo con el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) del NRC.

"Hacemos un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia para que continúe atendiendo el prolongado abandono que sufren numerosas comunidades rurales, a las que se priva injustamente de derechos fundamentales como el acceso a la educación, la libre circulación por sus territorios y el cultivo de sus cosechas", expresó Rizzo.

Pidió además a la comunidad internacional multiplicar "sus esfuerzos para apoyar las crecientes necesidades humanitarias en Colombia".  

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Y es que a pesar de que el Gobierno colombiano y las antiguas Farc firmaron hace siete años el acuerdo de paz, la violencia que ejercen grupos armados ilegales en algunas regiones han provocado el confinamiento de estas 58.000 personas y han recrudecido el conflicto armado en algunas regiones.

Lo que buscan estos grupos, según el NRC, es controlar a las poblaciones, algo que "se traduce en dominio sobre el territorio y las economías ilícitas" y para lo cual utilizan amenazas, minas terrestres, asesinatos, violencia sexual y toques de queda, entre otros.

"Nuestra comunidad está rodeada por el conflicto. La gente tiene miedo, no van al monte (a cultivar), no van a cazar, no van al río a pescar. Nos quedamos en casa todos los días, sin salir de la comunidad. Esta no es la paz que esperábamos", dice Felipe, un indígena del occidente de Colombia, citado por el NRC.

Esto en un contexto en que hay 537.000 personas en Colombia que no pueden moverse libremente dentro de su zona debido al conflicto armado, y tienen restringido el acceso a servicios esenciales como alimentos, agua, atención sanitaria y educación. 

Fuente

EFE

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