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Consejo de Seguridad de la ONU recibe informe sobre Colombia
Consejo de Seguridad de la ONU recibe informe sobre la implementación de la paz en Colombia.
AFP

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas escuchó un nuevo informe de Carlos Ruiz Massieu, Jefe de la Misión de Verificación de la implementación de la paz en Colombia, que cubre el periodo entre el 26 de junio y el 24 de septiembre. 

Ruiz Massieu, así como los países miembros permanentes del Consejo, reiteraron la oportunidad que representa el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de paz para reflexionar sobre los avances en la implementación y las fallas.

"Aún en medio de grandes desafíos, el proceso de paz colombiano sigue demostrando, con elocuentes ejemplos, los beneficios de poner el fin al conflicto a través de un acuerdo negociado, y de mantener los derechos de las víctimas en el centro", dijo el jefe de la Misión. 

Lea aquí: ONU destaca avances en acuerdo de paz pero advierte riesgos por incremento de la violencia

El representante del Reino Unido aseguró que, sabiendo que casi todos los acuerdos de paz en el mundo fracasan los primeros cinco años,  es "importante celebrar este proceso de paz, ejemplo para el mundo". 

México, que también ve el Acuerdo como un ejemplo, señaló que "la plena implementación del Acuerdo es un objetivo común y las prioridades del Secretario General son una hoja de ruta para alcanzarla". Otros como Irlanda y Estonia, insisten en que, a pesar de los avances, es un proceso largo al que le falta mucho camino. 

Estados Unidos dijo haber "visto señales alentadoras, pero los retos persisten. El trabajo de la Misión es un modelo en la forma en que se debe abordar los conflictos de larga data". 

Asesinatos y seguridad

Carlos Ruiz reiteró en el Consejo que "la máxima preocupación" por la situación de seguridad en el país. "A día de hoy, 296 hombres y mujeres que dejaron las armas de buena fe han perdido la vida, en su mayoría por acciones de actores armados ilegales y organizaciones criminales".

Dijo que los actores armados se siguen aprovechando "de la escasa presencia del Estado, la pobreza y las economías ilícitas" para atacar a las comunidades y líderes sociales. Dentro de las comunidades afectadas de forma excesiva, dice Ruiz Massieu, están las afrocolombianas e indígenas. "Esta situación exige la implementación urgente y simultánea de todas las disposiciones sobre garantías de seguridad previstas en el Acuerdo". 

Precisamente, representantes de esas dos comunidades tuvieron la palabra en esta sesión del Consejo. Bibiana Peñaranda, líder y representante de los afrocolombianos, dijo que el acuerdo de paz es importante para quienes viven en zonas de conflicto, pero que "a este gobierno le ha faltado altura a cumplir a cabalidad el acuerdo". 

"Somos una sociedad cuyo Gobierno es lamentablemente ausente, sectorizado y racista, que simula la democracia (...) A este gobierno le ha hecho falta altura para cumplir a cabalidad lo que exige el acuerdo de paz, que en última es el deseo de las comunidad y los pueblos étnicos". 

Daniela Soto, líder indígena del departamento del Cauca, dijo que la implementación del Acuerdo es preocupante e hizo énfasis en la violencia que sufren como comunidad. 

"En nuestro territorios están reclutando de manera ideológica y forzada a niños y niñas desde los 13 años para integrar filas armadas de estos grupos; asimismo se está generando cooptación de mujeres para integrar la cadena del negocio del narcotráfico". 

Sobre la violencia en el país, todos los países pidieron más esfuerzos por garantizar la seguridad a los actores involucrados en el Acuerdo de Paz. 

San Vicente y las Granadinas dijo que "condenamos decididamente el asesinato incesante de los grupos más vulnerables, como son los excombatientes, los indígenas, lideresas sociales, las mujeres o defensores de los derechos humanos”. Francia dijo que "cada asesinato hace más precaria la implementación del Acuerdo". 

Pero sobre este tema, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez señaló que se sigue trabajando para reducir a cero las cifras de homicidios. 

"Para nuestro gobierno una sola vida es inaceptable, nos duelen cada una de las vidas perdidas. Bajo esta premisa trabajamos para la reducción de los hechos de violencia y cualquier homicidio para la población de excombatientes". 

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Sin embargo, se quejó de quienes dicen que hay un descuido de parte del Gobierno del presidente Iván Duque, pues recordó que junto a las disidencias de las Farc, hay muchos otros actores armados que generar violencia ligada con el negocio del narcotráfico. 

"Se equivocan quienes desvían la atención de los verdaderos causantes de esas otras violencias tratando de atribuirlas a un supuesto incumplimiento de nuestro gobierno, que no solamente logró en tres años lo que no se había hecho en los dos primeros, sino que ha ido mucho mas allá de sus compromisos en varios frentes del Acuerdo y lo seguirá haciendo", dijo la Canciller. 

Elecciones 2022 

Además de solicitar seguridad para líderes sociales y excombatientes en la cotidianidad, los miembros del Consejo reconocieron la tensión y los peligros que pueden derivarse de las elecciones generales del próximo año. 

Carlos Ruiz dijo que "los colombianos y colombianas merecen poder volver a participar de forma masiva y segura en las próximas elecciones", tal como sucedió en 2018 con la participación, por primera vez en años, de excombatientes de las Farc. 

China dijo que esperaba "que se celebren con éxito las elecciones presidenciales y al congreso el año próximo, que será un medio propicio para la ejecución y el seguimiento del Acuerdo de paz". 

Irlanda señaló que “a medida que se acercan las elecciones, los espacios de diálogo son más importantes que nunca y se deben mantener, que incluyan la participación segura de mujeres o líderes juveniles". 

Narcotráfico y no injerencia de la ONU 

Al cierre de la sesión del Consejo de Seguridad, la canciller Marta Lucía Ramírez hizo un llamado a la corresponsabilidad en materia de tráfico de drogas. Llamó a Colombia "víctima" en esta materia. 

"Es tan importante insistir en la necesidad de que toda la comunidad internacional asuma la verdadera corresponsabilidad en la lucha contra este negocio infame de la droga que ha alimentado alas Frac, al ELN, y a todos los grupos". 

Añadió que "nuestro país entero es la principal víctima de un negocio infame que procesa parte de la coca en laboratorios en los países más desarrollados que se alimentan de vicios sociales y del negocio financiero del lavado de dinero que pocos países se animan a reconocer y a enfrentar con la contundencia requerida". 

Finalmente, además de agradecer a la Misión de la ONU por su labor y de apoyar que se renueve su mandato, sí pidió que se mantenga dentro de sus funciones. 

"El trabajo de verificación de la Misión responde a un mandato específico otorgado por este Consejo. Señalar, por ejemplo, que 'la presentación por parte del Gobierno al Congreso del Acuerdo de Escazú es una legislación clave para la implementación' es totalmente impreciso pero sobre todo está por fuera del mandato". 

El informe presentado da cuenta 15.200 personas que debieron huir de sus territorios por la violencia entre junio y septiembre, elevando el número de desplazados en lo que va de año a 57.420.

Además, otras 46.321 personas fueron confinadas a la fuerza en 2021, el 96 % indígenas y afrocolombianos, en tanto hubo al menos 38 muertos.

Asimismo, la violencia sigue ensañándose contra los guerrilleros que depusieron las armas. Al menos 14 fueron asesinados, con lo que son ya 296 el total de muertos desde la firma de los acuerdos, y otros muchos se han visto obligados a huir por amenazas, que también afectan a familiares. 

Fuente

Sistema Integrado de Información y AFP

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