Las ejecuciones sumarias de la dictadura brasileña se decidían en la Presidencia

Un documento desclasificado de la CIA publicado este viernes por la prensa brasileña muestra a uno de los presidentes de la dictadura militar (1964-85) autorizando la ejecución de opositores.

"El presidente Geisel autorizó la ejecución" de adversarios políticos, destacan en primera plana los principales diarios del país. Ernesto Geisel (1974-79), penúltimo jefe de Estado de la dictadura, tiene una reputación de haberse enfrentado con la línea más dura del régimen.

Pero, según el documento, revelado por el coordinador del centro de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), Matias Spektor, Geisel le dijo explícitamente al jefe del Servicio Nacional de Informaciones (SNI), Joao Baptista Figueiredo, quien le sucedería en el cargo, que las ejecuciones debían continuar.

El informe, fechado el 11 de abril de 1974, está firmado por el entonces director de la Central de Inteligencia estadounidense (CIA), William Colby, y dirigido al secretario de Estado Henry Kissinger. Está desclasificado desde 2015 (https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d99?platform=hootsuite).

"Este es el documento más perturbador que he leído en veinte años de investigaciones", escribe Spektor en su cuenta en Facebook.

En el memorando, Geisel autoriza la continuación de la política de asesinatos, pero exige del Centro de Informaciones del Ejército una autorización previa del propio Palacio presidencial de Planalto.

"El 1º de abril [de 1974], el presidente Geisel le dijo al general Figueiredo que la política [de eliminación de disidentes] se proseguiría, pero que debía tomarse cuidado para estar seguros de que solamente los subversivos peligrosos serían ejecutados", apunta el informe.

Una Comisión Nacional de la Verdad (CNV) confirmó en 2014, tras tres años de trabajos, 434 muertes y desapariciones durante la dictadura militar brasileña.

Brasil, contrariamente a otros países latinoamericanos que conocieron dictaduras militares durante las décadas de 1970 y 1980, nunca juzgó a los represores, por una ley de 1979 que amnistió a policías y militares acusados de violación de los derechos humanos.

"Nunca tuvimos en la mano un documento en el que realmente estuviese escrito: 'Vamos a ejecutar'. [Los militares] siempre dijeron que las ejecuciones eran casos aislados", dijo Vera Rotta, quien durante los gobiernos del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos y coordinó un amplio informe sobre la represión.