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Reimplantar la pena capital, que fue abolida en 2006, fue una de las promesas electorales de Rodrigo Duterte.

Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas
AFP

A la espera de que la ONU abra una investigación sobre la guerra contra las drogas, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, instó hoy al Congreso a reinstaurar la pena capital como castigo a crímenes relacionados con drogas y corrupción.

"Solicito respetuosamente al Congreso que restablezca la pena de muerte para crímenes atroces relacionados con drogas y saqueo de fondos públicos", apuntó el mandatario en su discurso anual sobre el estado de la nación, en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado que inaugura el curso parlamentario.

Lea además: Gobierno filipino asesina unas 27 personas al día por guerra antidrogas"Las drogas no serán aniquiladas a menos que logremos eliminar la corrupción, que permite que ese monstruo social sobreviva", advirtió en su discurso de más de una hora y media Duterte, que ha llegado a la mitad de su mandato con un apoyo del 85 %.

A pesar de su retórica beligerante hacia la corrupción, varios legisladores considerados aliados de Duterte, presentes en el acto, se han visto salpicados por ese tipo de escándalos, o incluso han sido procesados por ello.

Reimplantar la pena de muerte, que fue abolida en 2006, fue una de las promesas electorales del presidente y un proyecto de ley al respecto pasó en la Cámara de Representantes, pero se trabó en el Senado, la cámara legislativa que es tradicionalmente más independiente.

Sin embargo, con el nuevo Senado que salió de las elecciones de mayo, en las que los fieles a Duterte barrieron a la oposición, se espera que su agenda legislativa salga adelante sin obstáculos los tres años que le quedan al frente del país.

De hecho, entre los nuevos senadores se encuentra el exjefe de la Policía, Roland "Bato" dela Rosa -arquitecto de los sangrientos operativos de la guerra contra las drogas-, quien se ha comprometido a sacar adelante la ley sobre la pena capital.
 

En los tres años que Duterte lleva al mando, esa campaña se ha cobrado la vida de 6.600 personas, según la Policía, aunque grupos de derechos humanos elevan la cifra a 27.000 muertos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes de la ley o asesinatos cometidos por vigilantes vecinales amparados en el clima de impunidad de la campaña.

Debido a esos abusos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó a principios de este mes una resolución para investigar esa letal campaña, aunque el Gobierno ha asegurado que negará el acceso al personal de la ONU para tal fin.

Duterte no mencionó a la ONU, pero sí se refirió al examen preliminar que abrió hace más de un año la Corte Penal Internacional sobre la responsabilidad del mandatario en posibles crímenes de lesa humanidad en esa campaña: "Proporcionarme una celda cómoda y visitas conyugales ilimitadas", afirmó con tono sarcástico y desafiante.

Además de la pena de muerte, la agenda legislativa de Duterte incluye otras polémicas propuestas -pendientes de debate en el Senado- como rebajar la edad de responsabilidad criminal de los 15 a los 12 años y recuperar el servicio militar obligatorio.

 

Masivas manifestaciones
 

Mientras se daba el discurso anual del presidente, unos 35.000 detractores de Duterte protestaron en las calles de Manila contra sus formas autoritarias, las violaciones de derechos humanos y por su estrategia en el conflicto marítimo con China, su mayor aliado político y económico.

De hecho, en Manila la mayoría de las pancartas aludían a ese conflicto con dibujos de peces y barcos, los manifestantes iban vestidos de azul; la efigie de Duterte que se quemó -una tradición en estas manifestaciones- representaba el rostro del mandatario con escamas; e incluso desfiló una "Úrsula", en referencia a la mala de "La Sirenita".

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"Nuestra Úrsula es una réplica del gobierno de Duterte. Cada uno de sus ocho tentáculos representa una de sus políticas que ha ido en detrimento de la vida de los filipinos: tiranía, asesinatos, violación de la soberanía territorial, cargos inventados contra disidentes, ley marcial, misoginia, ataques contra activistas e impunidad", explicó la activista Cristina Palabay.

Para evitar altercados durante las protestas, la policía desplegó 14.000 agentes por toda la ciudad y estaba en alerta total por amenaza terrorista, aunque la jornada se desarrolló sin incidentes. 

Fuente

EFE

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