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Más de 50.000 armas originarias de Estados Unidos fueron recuperadas en investigaciones criminales de 15 países de Centro y Norteamérica entre 2014 y 2016, según un estudio del Center for American Progress publicado en Washington.

Una quincena de países de Norteamérica, Centroamérica y Caribe recolectaron un total de 50.133 armas de fuego involucradas en la actividad criminal de su entorno y procedentes de EE.UU. durante este período.

Así lo recoge el informe, difundido hoy y titulado "Más allá de nuestras fronteras: Cómo la débil regulación de armas de EE.UU. contribuye al crimen violento en el extranjero".

Muchas de esas armas fueron exportadas legalmente y no fueron concebidas para el crimen hasta que cruzaron la frontera, ya que EE.UU. es uno de los grandes exportadores de armas de fuego a nivel mundial con una media de casi 300.000 vendidas a otros países cada año.

El informe, sin embargo, pone el foco en los vacíos legales y la laxitud de las normas estadounidenses en esta materia que contribuyen al tráfico ilegal de armas en su territorio, pero que también favorece a que este se dé más allá de sus límites en Estados cercanos.

Entre los casos más destacados, el estudio recoge el caso de un grupo que compró en 2015 un centenar de armas mediante el llamado método de "compra fantasma" -cuando un comprador adquiere un artilugio en aras de traspasarlo a un tercero- en Texas para luego llevarlas a México.

Con objeto de revertir esta situación, el centro de pensamiento progresista incidió en la aplicación de algunos mecanismos como establecer revisiones universales y obligatorias del historial de la persona que quiera adquirir un arma.

Otro de los consejos que ofrece es considerar como un delito federal el tráfico de armas y el método de "compra fantasma".

También, acabar con "los esfuerzos por debilitar la revisión de las exportaciones de armas", en referencia a la posibilidad de que el Gobierno de Donald Trump cambiara esta competencia del Departamento de Estado al de Comercio.

El estudio señala directamente a la Administración y los legisladores, ya que -según indica- "tienen una obligación moral de actuar para fortalecer las regulaciones de armas en un esfuerzo por mejorar la seguridad pública dentro y fuera de los Estados Unidos".


Por EFE