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as fotografías fueran llevadas como pruebas hasta La Haya.

Óscar Pérez, expolicía venezolano
Óscar Pérez, expolicía venezolano
AFP

Ante la Corte Penal Internacional (CPI) el diputado Wilmer Azuaje y la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz presentaron una serie de pruebas sobre el caso del expolicía del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Venezuela, Óscar Pérez, que falleció en medio de un operativo en 2018. 

De acuerdo con las imágenes reveladas por el diario español El Mundo, presuntamente el exuniformado había recibido varios disparos en el cuello y en la cabeza lo que generó grandes interrogantes ya que Pérez junto a su equipo habían anunciado su rendición en medio del operativo.  

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"Estas pruebas demuestran de forma clara y contundente que en El Junquito hubo una masacre contra quienes reclamaban una Venezuela libre. Fueron ejecutados con tiros de gracia. No aceptaron su rendición. (...) No pueden quedar en el olvido aquellos que dieron la vida por la libertad y por Venezuela” aseguró el diputado Franco Casella, presidente de la subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, citado por diario El Mundo de Venezuela.  

El registro fotográfico además reveló otra serie de imágenes en las que los acompañantes de Pérez que presentan agujeros en la cabeza, la espalda y el pecho.  De acuerdo con Daniel Lozano, periodista que firma la crónica original, las fotos muestran “decenas de tiros de gracia para acabar con la vida del famoso ‘Rambo venezolano’ (como llamaban a Pérez) y de su equipo”.  

Cabe recordar que el 15 de enero de 2018, Pérez publicó una serie de videos denunciando que estaba siendo atacado junto a sus compañeros por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Sebin, Policía Nacional Bolivariana, entre otros en la llamada Operación Gedeón. 

El operativo ordenado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro se llevó a cabo en la localidad El Junquito, ubicada en Caracas, siete meses después que Pérez sobrevolara un helicóptero en las sedes del Tribunal Supremo, Ministerio del Interior y Poder Judicial. 

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