El número de homicidios en Río llegó hasta los 649 en el mes de enero.

El presidente brasileño, Michel Temer, decretó el pasado 16 de febrero la intervención federal en el área de seguridad del estado de Río.
El presidente brasileño, Michel Temer, decretó el pasado 16 de febrero la intervención federal en el área de seguridad del estado de Río.
AFP

El estado de Río de Janeiro, que afronta una grave crisis de seguridad que ha obligado al Gobierno brasileño a ceder el control de esa tarea al Ejército, registró en enero pasado una media de 21 muertes violentas diarias, informaron este jueves fuentes oficiales.

En el primer mes de 2018, el número de homicidios en Río llegó hasta los 649, lo que supone un incremento del 7,6 % con respecto al mismo periodo del año pasado, según datos divulgados por Instituto de Seguridad Pública del gobierno regional.

Las muertes en enfrentamientos entre supuestos criminales y la Policía saltaron ese mes el 57 % hasta llegar a las 154, entre ellas las de seis agentes, frente a las 98 que hubo en enero de 2017.

El estado de Río de Janeiro también presentó un alza en el robo de vehículos, pues solo en enero se sustrajeron un total de 5.286 autos, una cifra mayor que los 4.206 notificados durante el mismo mes del año pasado.

Los asaltos en la calle también escalaron desde los 7.098 de enero de 2017 hasta los 10.952 casos registrados en el mismo mes de este año, lo que arroja una media de 353 robos diarios y uno cada cuatro minutos en todo el estado de Río, cuyo mayor parte de la población se concentra en la región metropolitana de su capital homónima.

Ante este panorama, el presidente brasileño, Michel Temer, decretó el pasado 16 de febrero la intervención federal en el área de seguridad del estado de Río.

Con la decisión, la seguridad en Río quedará hasta finales de este año en manos de oficiales del Ejército, con el objetivo de reducir los altos índices de violencia que en 2017 alcanzaron los 6.731 homicidios, entre ellos más de 100 policías y una decena de menores por "balas perdidas".

La medida fue criticada por movimientos sociales y sectores de la oposición, que consideran que estuvo motivada por razones políticas y electorales. 
 

 

Fuente

Encuentre más contenidos

Fin del contenido