El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, calificó como "una miserable e infame agresión" las sanciones del gobierno de Estados Unidos en su contra por narcotráfico, considerando que tienen motivaciones políticas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa al funcionario de facilitar, proteger y supervisar cargamentos de droga desde Venezuela con destino a México y Estados Unidos mientras se desempeñaba como ministro del Interior (2008-2012) y gobernador del estado Aragua (2012-2017). López Bello, según versiones de la prensa socio de El Aissami, fue incluido en las sanciones, que prohíben a cualquier ciudadano o compañía estadounidense a hacer negocios con cualquiera de los señalados y 13 compañías. Pero el vicepresidente considera que la medida es un ataque contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuya popularidad se ha visto golpeada por una severa crisis, con una aguda escasez de alimentos y medicinas y una inflación proyectada por el FMI en 1.660% para 2017. El Aissami, abogado de 42 años y vicepresidente desde el pasado 4 de enero, habría recibido pagos del narcotraficante venezolano Walid Makled y tendría lazos con el violento cartel mexicano Los Zetas, denunció Estados Unidos, que ya ha acusado por narcotráfico a otros altos funcionarios venezolanos. Maduro dio a El Aissami varias atribuciones, entre ellas expropiar bienes y nombrar viceministros, al tiempo que dirige el llamado "comando antigolpe", responsable del arresto de media docena de adversarios del gobierno. Pero las autoridades estadounidenses señalaron que las sanciones "son el resultado de años de investigación" y no están vinculadas a la designación de El Aissami a la vicepresidencia. El ministro del Interior, Néstor Reverol, exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), fue imputado en agosto de 2016 en un tribunal federal de Nueva York por presuntamente recibir pagos de narcotraficantes. En mayo de 2015, el diario The Wall Street Journal informó que las autoridades estadounidenses también investigaban a Diosdado Cabello, uno de los más poderosos dirigentes del chavismo, por supuestos nexos con tráfico de drogas. El presidente Maduro aún no ha reaccionado a la decisión del Departamento del Tesoro.