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Los investigadores señalaron que se trata de millonarias propiedades que no fueron reportadas por esa antigua guerrilla.

Dinero colombia
Colprensa

La Fiscalía General de la Nación reportó que a 2.9 billones de pesos se incrementó el monto de las propiedades que fueron adquiridas ilícitamente por las Farc y que ya fueron afectadas con medida de embargo y secuestro dentro de procesos de extinción de dominio.

Así se desprende del más reciente informe de la Fiscalía que señala que desde el año 2011 a la fecha han sido ocupadas con fines de embargo un total de 5.632 bienes pertenecientes a las antiguas Farc y sus testaferros 

De acuerdo con los reportes judiciales se trata de fincas, lotes, establecimientos de comercio, inversiones, sociedades comerciales, vehículos y semovientes.

Según el reporte del propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sólo en el último año a las Farc le fueron extinguidas propiedades por 1.3 billones de pesos.

El informe de los fiscales advierte que estos activos embargados no fueron en su momento reportaron en el inventario que entregaron al Gobierno y a las autorizases de policía judicial las antiguas Farc.

“Desde el año 2011 a la fecha, han sido 5.632 bienes los afectados a la guerrilla de las Farc y no aparecen en listado de bienes que reportó ese extinto grupo insurgente”, dijo la Fiscal Malagón.

A este inventario se le suman 650 mil millones de pesos en bienes y redes de supermercados incautados por la Fiscalía y el Ejército a señalados testaferros de las Farc, en el que fue considerado el operativo más grande en la historia del país contra esa guerrilla.

Es de señalar que son 300 los funcionarios que están trabajando en el análisis de información contenida en los archivos de USB y de computo decomisados, para procesar y convertirlos en prueba clave dentro de las investigaciones que se siguen para perseguir los activos ilícitos de las Farc. 

“La Fiscalía tiene el conocimiento directo de la existencia de unos patrimonios billonarios que no fueron entregados a la sociedad colombiana y por esos estamos en la obligación desde el punto de vista de la intervención criminal y de la integridad de la democracia colombiana que puede ser menoscaba con dineros ilícitos en los procesos electorales que siguen en la vida del país, en identificar esos bienes y extinguirlos a favor del Estado colombiano", enfatizó en su momento el fiscal General.

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