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Jueces, fiscales y abogados han sido sancionados por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por vencimiento de términos. RCN Radio conoció la lista de procesos disciplinarios desde el 2005 al 22 de agosto de este año, que suma un total de 32 funcionarios judiciales castigados en 14 años

Según la lista, 2010 fue el año con más sanciones: la Judicatura impuso ocho suspensiones de cargo de las cuales tres se fueron contra fiscales, por retardar investigaciones en sus despachos de forma injustificada. 

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Entre el 2011 y el 2014 se impusieron seis sanciones, en el 2015 otras seis, mientras que en los tres siguientes años se impusieron once sanciones (cinco en 2016; dos en 2017; tres en 2018 y una sanción en lo que va corrido de 2019). 

En la lista aparece el abogado Jorge Omar Riascos Hurtado, a quien la Judicatura lo suspendió de la profesión por el termino de tres meses en el 2014. Riascos también aparece en una investigación de la Fiscalía por el millonario desfalco a las finanzas del hospital de Buenaventura, que ascendió a 5.104 millones de pesos. 

También aparece la exfiscal Tatiana Oliveros Gutiérrez con dos sanciones disciplinarias de destitución e inhabilidad, cada una por el termino de diez años (la primera se impuso en el 2017 y la segunda se impuso en el 2018). 

Oliveros se desempeñaba como fiscal 58 especializada de la Unidad de Derechos Humanos de Neiva, pero fue capturada y condenada por la Corte Suprema de Justicia a 21 años de prisión por nexos con Jairo de Jesús Durango Restrepo, alias ‘guagua’, jefe del ‘clan Úsuga’.

Otra de las sancionadas por la Judicatura es la juez novena penal del Circuito Especializado de Bogotá, Danae Hinestroza Rengifo, quien fue suspendida de su cargo por el término de un mes en el año 2015, por retrasar decisiones en su despacho. 

En 2011 la juez negó la libertad de Liliany Obando, una socióloga de la Universidad Nacional señalada de ser excombatiente de la extinta guerrilla de las Farc. 

Sobre las libertades por vencimiento de términos se ha pronunciado el procurador Fernando Carrillo, quien ha calificado la situación y las libertades por vencimiento de términos como uno de los 'cánceres' de la justicia en el país. 

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Carrillo ha señalado que las libertades por vencimiento de términos en los procesos se dan debido a “una falla estructural del Estado colombiano. Transcurridos dos años de inactividad y dejar vencer los términos es una conducta disciplinaria”.

Al respecto, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, ha dicho que aunque el sistema penal acusatorio tiene que ser garantista y en ese sentido debe existir la figura del vencimiento de términos, los funcionarios judiciales “no puede abusar en su uso, sobre todo cuando se develen dilaciones injustificadas y recursos sin sustento, no se debe proceder a aplicar esa figura”.

Por su parte el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermes Darío Lara, dijo que las libertades por vencimiento de términos se presentan porque “el Estado colombiano no quiere darle las herramientas a la justicia para funcionar, todo gira en torno de darle un aparente resultado a la ciudadanía de que se está haciendo justicia, pero en realidad todo está a favor de las organizaciones criminales”. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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